Se dijo que el Servicio Universal de Salud (SUS) arrancaría el 1 de enero de 2027. Sin embargo, el Paquete Económico 2027 no consideró recursos adicionales para financiar este servicio, ni etiquetó recursos para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Falta, además, la definición de políticas y procedimientos para darle viabilidad operativa al SUS: tarifas, compensación definida y estimaciones públicas de flujos de pacientes y costos. El mecanismo no crea fondos nuevos. Cada institución pagará con su propio presupuesto. La pregunta es ¿qué ocurrirá si el presupuesto no alcanza?
El sistema de salud mexicano sigue segmentado por condición laboral. El 55% de las personas ocupadas en el país está en la informalidad y cerca de la mitad de la población no tiene seguridad social. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, el gasto para asegurados (767 mil millones) es 126% mayor que el destinado a no asegurados (339 mil millones). Es también la brecha más amplia desde 2013: 11 mil 744 pesos por persona asegurada frente a 5 mil 284 por persona sin seguridad social.
El SUS ocasionará que personas sin seguridad social emigren a los servicios de salud de los distintos sistemas de seguridad social, ya que cuentan con mejores servicios, especialmente para atender cirugías y enfermedades de alto costo. El IMSS es el servicio de salud que podría ver crecer la demanda por este tipo de servicios.
Aun así, el PPEF 2027, presentado por el Poder Ejecutivo en septiembre, no asigna al IMSS recursos del programa del SUS. Sin recursos adicionales, la universalización se construye sobre un seguro médico del IMSS que ya opera con déficit y sobre poblaciones que ya reciben menos.
El seguro de enfermedades y maternidad del IMSS operó en 2025 con un déficit de 151 mil 127 millones de pesos —cifra que podría explicar parte de la crisis del Instituto—. Entre 2020 y 2025, esa brecha representó 23% de los ingresos del seguro médico. Sin cambios, seguirá creciendo. A eso se suma que la reforma de enero de 2026 eliminó la asignación obligatoria del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) para enfermedades de alto costo, como cáncer, insuficiencia renal, VIH y hemofilia, cuya continuidad de tratamiento el SUS incluye desde su primera etapa.
Ahora bien, si el IMSS atiende a un paciente del IMSS-Bienestar —que es el organismo público que atiende a personas sin seguridad social—, parte del costo del tratamiento podría cubrirse con recursos del seguro médico del IMSS. Es decir, con las cuotas que pagan trabajadores y patrones y las aportaciones del Gobierno federal. Es dinero ya etiquetado para la atención de sus derechohabientes.
No debemos echarle más leña al fuego. El IMSS ya tiene suficientes limitaciones como para aumentar sus problemas.
El SUS es una oportunidad para corregir décadas de segmentación y desigualdad. Pero sin financiamiento claro corre el riesgo de pagarse con las cuotas de los trabajadores formales y deteriorar más al IMSS una prestación clave del sector formal de la economía.
