En México hemos avanzado en la fiscalización del gasto público, pero persiste una grave asignatura pendiente: cerrar el círculo entre descubrir una irregularidad y castigar a quien resulte responsable.
La Auditoría Superior de la Federación -ASF- tradicionalmente revisaba la cuenta pública prácticamente a toro pasado, cuando los recursos ya se habían gastado y, en ocasiones, los funcionarios responsables ya habían dejado sus cargos. Hoy dispone de mecanismos de fiscalización más oportunos, auditorías durante el ejercicio y herramientas que permiten seguir con mayor precisión el destino del dinero público. Pero ¿de qué sirve descubrir si no se puede culminar el procedimiento con una sanción?
Los recientes acontecimientos en Nuevo León y en Sinaloa vuelven indispensable esta discusión. En el gobierno de Samuel García, la ASF identificó esquemas de triangulación y transferencias entre empresas que presuntamente terminaron en un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su familia. En Sinaloa, la ASF también identificó operaciones de triangulación de recursos públicos mediante contratos de obra adjudicados a una empresa vinculada con los hijos del entonces gobernador Rocha Moya. Ahí termina, paradójicamente, la intervención directa de la ASF, con la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, quedando en vilo las consecuencias y eventuales sanciones a los responsables. ¿Cuántos expedientes llegan realmente a una sanción? ¿Y cuánto depende ese desenlace de la voluntad y eficacia de esas instituciones?
La ASF tiene facultades para determinar daños al erario, imponer determinadas sanciones y promover responsabilidades administrativas y penales. Sin embargo, cuando se trata de fallas administrativas graves, debe presentar sus investigaciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien resuelve e impone las sanciones. En materia penal, corresponde a la Fiscalía investigar y a los jueces resolver, es decir, la ASF descubre, documenta y promueve, pero no tiene la última palabra.
Aquí está mi propuesta: debemos discutir una reforma que fortalezca la autonomía y las facultades resolutivas y resarcitorias dentro de su competencia, sin depender de intermediaciones políticas ni de la voluntad de otras instancias para hacer avanzar los expedientes. Las faltas graves y los delitos deben seguir sujetos a tribunales y autoridades judiciales independientes, pero con plazos obligatorios y seguimiento público. La Cámara de Diputados debe conservar su función de vigilancia institucional y presupuestaria, pero no convertirse en árbitro político de las consecuencias de una auditoría. La fiscalización no puede quedar condicionada a las mayorías legislativas ni a la conveniencia de proteger aliados o perseguir adversarios.
Por supuesto, más facultades exigen controles, autonomía técnica, procedimientos transparentes, derecho de audiencia y mecanismos de impugnación. El poder de sancionar no debe convertirse en poder de perseguir. No necesitamos una Auditoría que solamente publique informes, exhiba irregularidades y entregue expedientes para que después se pierdan en la burocracia. Necesitamos una institución que pueda llevar hasta sus últimas consecuencias el trabajo que inicia. Es hora de que la fiscalización en México deje de ser solamente el arte de descubrir y se convierta también en la garantía de que quien abuse del dinero público responda por ello. ¿Quién vigila que los responsables de sancionar no terminen protegiendo a los responsables de las irregularidades?
