Las elecciones del pasado 3 de noviembre pueden marcar un punto de inflexión en la política estadounidense. La disputa por obtener la mayoría en el Congreso dio cuenta del desgaste del gobierno de Donald Trump, de las preocupaciones de la sociedad y, sobre todo, de la inconformidad de los grupos sociales que han sido vapuleados en los últimos años por la ideología supremacista de la extrema derecha.
Los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y el Senado, al ganar 256 escaños de 435 en la Cámara de Representantes; 55 de 100 escaños en el Senado y 24 de las 36 gubernaturas en disputa, con lo que gobernarán 30 de los 50 estados de la federación, más Washington DC, sede de los poderes federales.
Los demócratas rompieron además barreras históricas de representación.
Por primera vez en los 250 años de historia de Estados Unidos, una mujer afroamericana, Keisha Lance Bottoms, fue elegida gobernadora en Georgia; Deb Haaland, integrante del pueblo Laguna Pueblo, se convirtió en la primera mujer indígena en ganar una gubernatura, Nuevo México.
En Texas, Gina Hinojosa hizo historia como la primera gobernadora latina del estado, mientras Xavier Becerra, será el primer gobernador de origen mexicano en California.
Con ello, todos los estados colindantes con México fueron ganados por los demócratas, con una participación histórica de jóvenes hijos de migrantes mexicanos.
En el Senado participarán: Peggy Flanagan, primera mujer indígena
elegida para integrar esa cámara;
Abdul El-Sayed, será el primer senador musulmán, Chris Pappas, el primer hombre abiertamente homosexual y James Talarico, quien venció al aparato financiado por Elon Musk en Texas.
En el auge de la oleada de extrema derecha en el mundo, estas elecciones ampliaron los espacios de representación de sectores excluidos por las políticas supremacistas, volcándose a las urnas los sectores excluidos: mujeres, la población latina y afroamericana, la comunidad LGBTTIQ+, pueblos originarios y migrantes, abriendo paso a una nueva generación de militantes demócratas que reivindicaron las causas progresistas abandonadas por la vieja guardia demócrata, como el derecho a la vivienda, la salud, la educación, el trabajo.
Las razones de la derrota de Trump y los republicanos son múltiples, aunque diversos análisis concluyen que la corrupción, los negocios y beneficios asociados al presidente, su familia y grupos cercanos, el aumento en el costo de vida y los combustibles, las dificultades para acceder a servicios esenciales, así como las decisiones unilaterales para iniciar la guerra con Irán, establecer aranceles y otras políticas para satisfacer el deseo de poder ocuparon un lugar central en las preocupaciones del electorado y fueron sancionadas en las urnas.
Estos resultados no implican necesariamente un cambio en la política exterior estadounidense.
El nuevo Congreso, que asumirá funciones el próximo 3 de enero, podrá fiscalizar las decisiones presidenciales, condicionar presupuestos, examinar operaciones militares y contra migrantes, y revisar iniciativas comerciales.
Pero Trump seguirá conservando facultades ejecutivas en materia de política exterior, seguridad y migración, teniendo a la mano al Escudo de las Américas y la convocatoria al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que busca legitimar la política de seguridad nacional de los Estados Unidos, enfrentar lo que considera "amenazas a la seguridad hemisférica" y amagar a quienes no se alineen con ésta.



