Hay imágenes del trabajo infantil que identificamos: una niña que vende en la calle, recoge cosechas o atiende un negocio. Pero hay otras escenas que casi nunca nombramos como trabajo: niñas que preparan alimentos, limpian la casa o cuidan a sus hermanos y a personas mayores. Cuando esas tareas son excesivas, peligrosas o desplazan la escuela, el descanso y el juego, también vulneran derechos.
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025, del INEGI, registró 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil: 12.6% de ese grupo de edad. La medición distingue 1.6 millones en ocupaciones no permitidas, 1.7 millones dedicados exclusivamente a quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y 200 mil que combinaban ambas modalidades. Detrás de cada cifra hay una infancia expuesta a riesgos y oportunidades reducidas.
La perspectiva de género es indispensable. Aunque la tasa de trabajo infantil fue de 10.2% entre las niñas y de 15% entre los niños, esa diferencia no significa que ellas estén libres de cargas laborales. Parte de su trabajo permanece oculto en el hogar y no recibe remuneración ni reconocimiento. Desde pequeñas, muchas aprenden que cuidar, servir y hacerse cargo de otras personas es una obligación femenina. Las tareas que podrían ser una colaboración ocasional se convierten, en algunos casos, en jornadas que les restan tiempo para estudiar, convivir, descansar y construir un proyecto propio.
El impacto es: el cansancio afecta el aprendizaje y la asistencia escolar; la falta de tiempo limita el juego y la socialización, y la exposición a herramientas, sustancias o cargas pesadas compromete la salud. Normalizar que las niñas cuiden a los demás antes que a sí mismas reproduce una desigualdad que puede acompañarlas durante toda la vida.
Reconocer el problema exige preguntar quién realiza las tareas, cuántas horas dedica, qué riesgos enfrenta y qué actividades deja de hacer. Escuelas, centros de salud y autoridades comunitarias pueden identificar señales como ausencias, agotamiento, rezago escolar o responsabilidades de cuidado desproporcionadas. La detección debe conducir a una valoración cuidadosa, sin estigmatizar a las familias.
¿Qué hacer? Las autoridades laborales deben inspeccionar y sancionar las ocupaciones prohibidas; las procuradurías de protección y los sistemas DIF deben activar medidas de protección y restitución de derechos; y las escuelas necesitan protocolos para detectar y canalizar casos. También hacen falta empleos dignos para las personas adultas, becas, servicios de cuidado y corresponsabilidad de los hombres en el hogar. Sin alternativas para las familias, la prevención queda incompleta.
No se trata de impedir que niñas y niños colaboren razonablemente en casa, sino de establecer límites: ninguna tarea debe poner en riesgo su integridad ni sustituir las responsabilidades adultas.
La pregunta no es únicamente cuántas niñas y niños trabajan, sino cuántas niñas crecen sin tiempo para ser niñas. Proteger sus derechos significa hacer visible ese trabajo, redistribuir los cuidados y garantizar que su futuro no quede condicionado por obligaciones que nunca debieron recaer sobre ellas.
