Los inmigrantes no amenazan Europa, señor Trump

"Los inmigrantes matarán a Europa". Con esta frase terrible se despachó el presidente de Estados Unidos hace unas semanas proponiendo una política racista, que ya está poniendo en práctica en su país.

Donald Trump ha desencadenado la cacería de inmigrantes, solicitantes de asilo o refugiados. El objetivo es apresar a un millón al año para luego ser deportados a países diferentes del originario de tales inmigrantes.

Esos países a los que se envía a los inmigrantes detenidos no son precisamente democráticos, ni cuidadores de los derechos humanos. Se vulnera así el principio esencial de non refoulement, básico en el Derecho Internacional, que prohíbe la expulsión de personas a un Estado en el que su libertad, su vida o su integridad física y moral no estén aseguradas.

Hay precedentes de deportaciones a terceros países en administraciones norteamericanas (G. W. Bush, Bill Clinton), pero, como señala Jeff Crisp en The New York Times lo que es nuevo en la política de Trump es su enorme amplitud y dimensión, transformando las expulsiones de inmigrantes vulnerables en un instrumento de su política internacional y hasta de su política económica. Los inmigrantes pasan a ser una moneda de cambio en negociaciones de carácter geopolítico.

Nada de lo anterior lo encontramos en Europa, a pesar de algunos intentos fracasados en el Reino Unido con deportaciones a Ruanda, que el Tribunal Supremo consideró ilegales, o en la Italia de Meloni respecto a Albania.

Es difícil pensar que los inmigrantes acabarán con Europa —y, por tanto, habría que acabar con los inmigrantes— cuando estos representan un porcentaje muy alto de su población y de su mano de obra, en crecimiento en una sociedad cada vez más necesitada de rejuvenecimiento. La dinámica migrante europea no es coyuntural. Es estructural.

Por poner un ejemplo, en el último lustro, según informe del Banco de España, un 76% de los puestos de trabajo creados en nuestro país fueron ocupados por inmigrantes. Nada extraño cuando uno de cada cinco residentes ha nacido fuera de España. Algo parecido encontraremos en el resto de los Estados que componen la Unión Europea.

Así pues, Trump, como en otros casos, ha confundido sus obsesiones con la realidad. Europa no es Estados Unidos. En el continente europeo, la posición de quienes viven en él, bajo la jurisdicción de sus instituciones políticas y judiciales, está protegida por un conjunto de normas sobre derechos fundamentales, con independencia de su nacionalidad o su situación legal. Así se reconoce la importancia de la inmigración en el viejo continente.

Es lo que se deduce, por ejemplo, de la Constitución española (artículo 13.1) y del artículo 3.1 de la Ley 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros, que dice: "Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitarán los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles".

Esta regulación forma parte de la orientación política y de los valores que están en el alma del proyecto europeo que tiene su origen en la célebre Declaración Schuman. Posteriormente, ha llegado a integrar la importante Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tiene carácter jurídicamente vinculante, como todo el derecho europeo, por encima del derecho nacional. Los derechos garantizados en esa Carta lo son también de quienes no poseen la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión, pero residen en ella. Solo con la salvedad del Título V de la Carta: Ciudadanía, que desarrolla los derechos reconocidos a los "ciudadanos europeos" en el artículo 20.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.