Ha transcurrido un año en Poza Rica desde que el río Cazones se desbordó en octubre de 2025 y dejó barrios enteros bajo el agua, viviendas destruidas y familias obligadas a comenzar de nuevo. Durante ese tiempo, los damnificados han escuchado anuncios, promesas de reconstrucción, compromisos de reubicación y explicaciones sobre las medidas que habrán de protegerlos cuando regresen las lluvias. Al cumplirse el primer aniversario de la tragedia, el propio Gobierno de Veracruz reconoció que la primera etapa del bordo de protección del río apenas se encontraba en proceso de licitación, después de que un procedimiento anterior quedara desierto.
La obra, anunciada con una inversión federal multianual de 300 millones de pesos, continúa siendo una promesa para quienes viven junto al cauce. Mientras tanto, el gobierno presume trabajos de limpieza y rehabilitación, sin que esas intervenciones acrediten que las colonias amenazadas dispongan de la protección hidráulica que necesitan. La desembocadura del río, el comportamiento de sus sedimentos, la capacidad de conducción del cauce y la suficiencia de sus obras de contención reclaman estudios e intervenciones que las autoridades deben explicar públicamente. Los habitantes de Poza Rica tienen derecho a saber cuáles de esas medidas se han ejecutado, cuáles permanecen pendientes y qué riesgos siguen amenazando sus viviendas.
Pero el gobierno parece satisfecho con haber perfeccionado un método de administración de la desgracia en el que primero llega el agua, después la fotografía del gobernador fingiendo preocupación, seguida de promesas y cuando se aproxima la siguiente temporada de lluvias, las explicaciones burocráticas sobre porque todavía no se ha arreglado. La tragedia de Poza Rica obliga a recordar una de las decisiones más irresponsables del gobierno de López Obrador, cuya gravedad se nos recuerda cada vez que una comunidad mexicana queda indefensa ante una catástrofe natural.
En noviembre de 2020, por impulso del entonces presidente, se decretó la extinción del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, creado para administrar recursos públicos destinados a enfrentar emergencias y reconstruir infraestructura dañada por terremotos, huracanes, inundaciones y otros fenómenos naturales. A partir de enero de 2021, el fideicomiso comenzó su proceso de liquidación y entregó sus recursos a la Tesorería. Su naturaleza fiduciaria permitía acumular patrimonio entre ejercicios fiscales y mantener recursos destinados a contingencias cuya aparición desconoce los calendarios hacendarios y las prioridades políticas de cada sexenio.
Al cierre de 2020, según las cifras documentadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el fideicomiso conservaba una bolsa de aproximadamente 35 mil 140 millones de pesos; López Obrador decidió liquidar semejante instrumento invocando su conocida cruzada contra la supuesta y nunca probada corrupción de los fideicomisos.
En 2026, el Presupuesto de Egresos de la Federación conserva, dentro del Ramo General 23, denominado Provisiones Salariales y Económicas, una partida con una asignación de 19 mil 430 millones 107 mil 735 pesos para desastres naturales; en 2025, fue de 18 mil 677 millones 174 mil 735 pesos, de modo que las cantidades anuales presupuestadas permanecen considerablemente por debajo del patrimonio que el antiguo fideicomiso registraba al cierre de 2020.
El presupuesto autoriza gastos sujetos a ministraciones, calendarios, adecuaciones y decisiones administrativas; el patrimonio fiduciario permitía conservar recursos y garantizaba una continuidad patrimonial.
¿Cuánto de ese dinero llegó finalmente a los municipios afectados, cuánto se destinó a contratos de obra, qué empresas recibieron los pagos, cuáles fueron los avances físicos y qué compromisos quedaron pendientes? ¿Qué remanentes existieron al concluir el año, qué adecuaciones presupuestarias se autorizaron y cuáles son las disponibilidades efectivas para enfrentar nuevas emergencias? La ciudadanía tiene derecho a recibir una conciliación completa entre los recursos autorizados, los transferidos, los comprometidos y los pagados, acompañada de los resultados verificables de cada intervención.
En el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, entregado al Congreso el primero de septiembre de 2026, en el apartado dedicado a la gestión de riesgos y prevención de desastres, localizado en las páginas 118 y siguientes, la administración describe actividades de vigilancia, monitoreo, preparación, coordinación y programas de protección civil, acompañadas de relaciones de acciones efectuadas.
Esas 4 páginas podrán satisfacer las necesidades narrativas del gobierno, pero resultan insuficiente para conocer cuánto dinero se destinó a cada medida, qué resultados produjo y cuántas comunidades quedaron efectivamente protegidas.
El artículo 69 de la Constitución obliga al Ejecutivo a informar sobre el estado general que guarda la administración pública del país, una exigencia que adquiere sentido mediante información susceptible de examen, contraste y fiscalización. Si el gobierno informa que monitoreó fenómenos, coordinó reuniones y elaboró programas, corresponde exigirle que demuestre cuáles riesgos disminuyeron, cuáles obras concluyeron y qué poblaciones resultaron beneficiadas, además claro, de saber cuánto, como y en que se gastaron los recursos correspondientes a dichas actividades.
Acapulco, devastado por el huracán "Otis" en octubre de 2023, y Poza Rica, inundada por el Cazones en octubre de 2025, pertenecen ya a la memoria dolorosa de un país donde las catástrofes naturales terminan exhibiendo las debilidades de la administración pública.
La magnitud de estos fenómenos recuerda que existen fuerzas naturales capaces de superar incluso las mejores previsiones técnicas, pero también que sus consecuencias dependen de las decisiones humanas sobre asentamientos, infraestructura, inversión pública y prevención.
Las lluvias torrenciales pueden resultar inevitables; la negligencia en el mantenimiento de las obras, la demora injustificada de proyectos indispensables o la utilización ineficiente de recursos públicos corresponden a la esfera de responsabilidad de los gobernantes. La desgracia de los mexicanos tampoco debería convertirse en una oportunidad permanente para el espectáculo político, donde los funcionarios aparecen entre el lodo, prometen reconstrucciones y desaparecen mientras la siguiente temporada de lluvias se aproxima.
Una familia que perdió su patrimonio necesita recuperar condiciones dignas de vida y disponer de protección razonable contra nuevos desastres, obligaciones que requieren dinero, contratos, infraestructura y decisiones adoptadas oportunamente. El gobierno tiene que responder por las medidas que conocía, las posibilidades técnicas de ejecutarlas, los recursos de que disponía y las razones que expliquen cualquier retraso.
El tiempo transcurrido permite examinar la extinción del FONDEN a la luz de sus consecuencias administrativas y de las insuficiencias que hoy exhibe el sistema de atención a desastres y demostrar que, una vez más, los primeros no fueron los pobres.
