Un nuevo año, nuevos debates, viejas carencias y vulnerabilidades y un tema recurrente: La protección a la salud e imperiosa necesidad de una inversión real para atender y prestar servicios de salud en México.
Pareciera que pudiéramos reproducir los argumentos y discusiones año con año, ya que son muy parecidos debido a que las necesidades no cambian, solo aumentan. El año 2027 representará el inicio de operaciones del Sistema Universal de Salud (SUS), lo cual implicará la posibilidad de atención transversal de personas en diversas instituciones públicas de salud, sin importar su sistema de afiliación o bien la ausencia de este, un paso enorme, del cual desconocemos sus resultados; lo que sí sabemos es que no existe un aumento representativo del presupuesto para su implementación.
Ya que este artículo trata de exponer una visión del presupuesto federal en salud, a continuación, una breve cita del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. que nos dará contexto:
El aumento propuesto mantendría las brechas de financiamiento entre subsistemas.
El gasto público en salud propuesto para 2027 ascendería a 1 millón 136 mil 530.6 mdp equivalente a 10.8 % del total del PPEF y a?2.9 % del PIB. Este nivel todavía se encuentra por debajo de la recomendación internacional de destinar 6 % del PIB para avanzar hacia la Cobertura Universal en Salud (CUS) (OMS, 2014). Respecto al presupuesto aprobado en 2026, representa un incremento real de 10.6 %, considerando la inflación específica del sector salud el aumento sería de 8.6 %. Además, 78.0 % de los recursos adicionales se concentran en la población con seguridad social, principalmente en el IMSS y el ISSSTE.
Si bien es cierto que existirá un aumento en el presupuesto destinado a la salud para este año que viene, también lo es que, conforme a la información disponible, persisten dos problemas estructurales: a) Tal gasto se concentrará más en el IMSS e ISSSTE (Población con afiliación) y menos en IMSS-BIENESTAR, el cual cubre o trata de hacerlo, a la población abierta, aquella que carece de un sistema de seguridad social. B) No se acerca al 6% del PIB, porcentaje recomendado por la OCDE como necesario para tratar de contar con una inversión adecuada para la protección de la salud.
Lo anterior representa uno de los mayores retos que desde hace décadas enfrenta el Estado mexicano: Lograr que efectivamente se materialice el derecho de toda persona a la protección a la salud, frente a la falta de una inversión adecuada para cumplir a cabalidad con esta obligación constitucional y convencional.
Hablando concretamente de IMSS-BIENESTAR, este nuevo organismo público descentralizado, que atiende a la población sin un sistema de afiliación, su creación, estructura y forma de operar aún se encuentran en camino de consolidarse y probar que será en realidad la estructura estatal que garantice la universalidad y progresividad del derecho a la protección de la salud. Enfrenta retos enormes, como los adeudos que tiene ante proveedores, en cantidades muy importantes, no obstante, su reciente creación.
Es necesario que el Estado mexicano reconozca presupuestalmente la enorme demanda y rezago que existe en materia de servicios públicos de salud, México requiere que este derecho cuente con una cobertura presupuestal efectiva y progresiva.
