La derecha, los conservadores, los comentócratas, la crítica y los periodistas que cuestionan al poder parecen haberse convertido, para la Cuarta Transformación, en adversarios de un sistema que se presenta como honesto, justo y comprometido con el pueblo. A quienes investigan, denuncian irregularidades o exhiben contradicciones, se les acusa de inventar noticias, de perseguir al movimiento o de responder a intereses contrarios a la transformación del país. Pero hay una pregunta que merece una respuesta: ¿Y si el problema no fueran quienes denuncian, sino aquello que están revelando?
Porque los periodistas ni inventaron las preguntas sobre Andy López Beltrán, ni las controversias relacionadas con negocios, contratos y presuntas redes de influencia que han rodeado a personajes cercanos al poder. Carlos Loret y otros periodistas han investigado y publicado información que merece explicaciones, no descalificaciones automáticas. Que una denuncia periodística no constituya por sí misma una sentencia judicial es evidente, que deba investigarse también debería serlo. Tenemos presente a Héctor de Mauleón, quien ha documentado durante años las relaciones entre el poder político, la corrupción y el crimen organizado. En mayo 2025, su trabajo se enfrentó a una orden para retirar una columna relacionada con señalamientos de presunta corrupción en el entorno familiar de una candidata judicial en Tamaulipas. El episodio encendió las alarmas sobre el uso de procedimientos legales para restringir la labor periodística. ¿Desde cuándo investigar a quienes aspiran a ejercer el poder se convirtió en una agresión contra la democracia?
Quienes organizan y supervisan las elecciones enfrentan la delicada responsabilidad de ofrecer garantías de imparcialidad, independencia y honradez. Si surgen cuestionamientos sobre sus antecedentes, relaciones o actuaciones, la sociedad tiene derecho a conocerlos. No se trata de condenar anticipadamente a nadie, sino de impedir que la cercanía política sustituye a la rendición de cuentas. Lo mismo ocurre con los gobernadores y los demás funcionarios exhibidos por investigaciones periodísticas. Ningún cargo público debería convertirse en un escudo contra las preguntas incómodas. Si la información es falsa, existen mecanismos legales para demostrarlo, si es verdadera, corresponde investigar y sancionar conforme a derecho.
Reivindiquemos, pues, al llamado cuarto poder, no porque los periodistas sean infalibles, ni porque sus intereses estén siempre por encima de toda sospecha, sino porque una democracia necesita voces independientes capaces de fiscalizar al gobierno. Su trabajo consiste en investigar, contrastar información y revelar aquello que los poderosos preferirían mantener fuera de la conversación pública.
La Presidenta tiene derecho a responder a sus críticos, lo que no debería hacer es convertir la descalificación sistemática en sustituto de explicación. Cuando desde el poder se presenta a la prensa como enemiga del pueblo, se debilita a quienes tienen la obligación de vigilar a los gobernantes. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿Quién persigue a quién? ¿Los periodistas persiguen a un movimiento político o investigan a quienes, desde sus posiciones de poder, deben responder por sus actos? La honestidad no se demuestra repitiendo que se es honesto, se demuestra aceptando el escrutinio, transparentando las decisiones y permitiendo que la ley actúe sin distingos partidistas. Porque ningún gobierno es dueño de la verdad y ningún movimiento político está por encima de la sociedad a la que prometió servir.
