Durante los últimos siete años, México ha experimentado una de las transformaciones más importantes de su legislación laboral.
Los incrementos al salario mínimo, la ampliación de las vacaciones, las restricciones a la subcontratación, las modificaciones en materia de participación de utilidades y seguridad social y, recientemente, la reducción de la jornada laboral ha modificado sustancialmente las obligaciones económicas de las empresas.
El propósito de estas reformas es legítimo, pues buscan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
Sin embargo, debemos preguntarnos qué sucede cuando el costo de generar empleo formal crece más rápido que la capacidad productiva de las empresas, particularmente de las pequeñas y medianas.
El desafío es ampliar los derechos laborales y favorecer el empleo formal, considerando el aumento acumulado de los costos laborales, la falta de mecanismos flexibles para organizar el trabajo y la persistencia de una informalidad que excluye a millones de personas de los derechos reconocidos por la ley.
Entre 2019 y 2026, el salario mínimo general pasó de 102.68 a 315.04 pesos diarios, un incremento nominal cercano al 207%.
A ello se suman las obligaciones vacacionales, las aportaciones patronales al sistema de pensiones y los costos derivados de la reforma de subcontratación de 2021.
La reforma de 2023 duplicó de seis a doce días el periodo mínimo correspondiente al primer año de servicios.
No obstante, legislación no establece un límite máximo absoluto al número de días de vacaciones como en otros países.
A partir del sexto año, el derecho continúa aumentando en dos días por cada cinco años de servicios, sin un tope expresamente establecido.
A esto se suma la reducción gradual de la jornada de 48 a 40 horas semanales hacia 2030, sin disminución salarial.
Para los puestos que actualmente laboran 48 horas, mantener el mismo sueldo por 40 horas representa un incremento nominal del 20% en el costo salarial por hora ordinaria.
Esta transformación requiere herramientas para organizar el trabajo según las necesidades de cada sector.
La legislación mexicana carece de una regulación integral de mecanismos como los bancos de horas, que permitirían distribuir el tiempo entre periodos de mayor y menor actividad, respetando los descansos y los derechos laborales.
También hacen falta reglas claras para la contratación por hora, con prestaciones y seguridad social proporcionales.
Bien reguladas, estas opciones podrían abrir oportunidades formales para jóvenes, estudiantes, mujeres y personas que requieren jornadas reducidas.
El impacto varía según el tamaño de la empresa.
Una gran corporación puede reorganizar turnos, incorporar tecnología o elevar su productividad.
Una pequeña empresa, en cambio, puede verse obligada a contratar más personal, pagar tiempo extraordinario, reducir horarios o recurrir a la informalidad.
De acuerdo con el INEGI, en el segundo trimestre de 2026, el 55.1% de la población ocupada trabajaba en la informalidad. Además, entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, aproximadamente ocho de cada diez ocupaciones netas adicionales correspondieron a empleos informales.
La informalidad responde a múltiples factores, aunque los costos de contratación y la rigidez de ciertas disposiciones también pueden influir en la inversión y el empleo.
Esto importa especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan prácticamente la totalidad de los establecimientos del país y generan la mayoría de los puestos de trabajo.
Mientras los negocios formales cumplen obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social cada vez mayores, millones de actividades económicas operan al margen de buena parte de ellas.
Esto crea condiciones desiguales de competencia y amplía la brecha entre quienes disfrutan de derechos laborales y quienes permanecen excluidos.
México necesita mejores salarios, jornadas razonables, vacaciones dignas y seguridad social, además de empresas productivas, inversión y condiciones que impulsen el empleo formal.
Las reformas deben acompañarse de medidas que eleven la productividad de las PYMES, simplifiquen el cumplimiento regulatorio y permitan organizar el tiempo de trabajo con mayor flexibilidad, sin renunciar a los derechos fundamentales.
Una legislación moderna debe proteger a los trabajadores y reconocer las condiciones económicas que hacen posible su contratación.
Su éxito debe medirse por los derechos reconocidos en la ley y por el número de personas que efectivamente pueden ejercerlos.
El gran desafío consiste en lograr que la formalidad deje de ser un privilegio y se convierta en una oportunidad al alcance de todos.
