Se acabó la simulación en cuentas públicas

En la reunión del 2 de marzo entre el gobernador Américo Villarreal, los alcaldes y el Auditor Superior del Estado quedó un mensaje central: la fiscalización municipal va en serio y sin distingos.

Las formas políticas se cuidaron, sí, pero el fondo fue claro. Los alcaldes supieron que las respuestas a las observaciones siguen bajo revisión y que la ASE está exigiendo soporte puntual.

Eso no significa, por supuesto, que exista una aprobación anticipada de las cuentas públicas. Lo que sí existe es una señal de avance para quienes están logrando documentar sus movimientos.

En muchos casos, el problema ya no está necesariamente en el gasto, sino en la manera en que los tesoreros sustentan, integran y presentan la información ante la Auditoría Superior del Estado.

Ahí es donde comienzan a aparecer los errores técnicos, las inconsistencias administrativas y, en otros casos, observaciones mucho más delicadas que ya no pueden esconderse detrás de un simple descuido.

Lo que también quedó a la vista es que mientras algunos ayuntamientos van corrigiendo el rumbo, otros entes municipales siguen acumulando señalamientos y caminando en picada en materia de fiscalización.

El propio Auditor Superior del Estado, Francisco Noriega, no deja pasar un dato que hoy resulta revelador: el mayor número de observaciones ya no está en los ayuntamientos, sino en las Comapas.

Esos organismos operadores del agua se han convertido en focos rojos para la ASE y también para la Auditoría Superior de la Federación, sobre todo cuando manejan recursos de origen federal.

Las irregularidades vienen arrastrándose desde administraciones anteriores y alcanzan a gerentes, juntas de agua y también a organismos como los sistemas DIF municipales, donde hay casos francamente escandalosos.

Uno de los ejemplos más delicados está en El Mante. En la cuenta pública 2023 y parte del 2024, el DIF municipal que encabezó Sheyla Palacios acumuló observaciones por más de 20 millones de pesos sin solventar.

A ello se suma que en la misma etapa del gobierno panista, el entonces alcalde Noé Ramos dejó sin poder acreditar un gasto superior a los 7 millones de pesos.

Y aquí está el punto clave: las observaciones no desaparecen con el cambio de administración. El ente público sigue siendo el mismo y quien llega al cargo debe responder, aclarar o promover responsabilidades.

Eso es justamente lo que hoy está haciendo Patty Chío en El Mante. Su gobierno, hasta este momento, no carga observaciones propias y ha tenido que salir a enfrentar el desorden heredado.

Ese dato no es menor. Habla de un manejo más ordenado de los recursos, de una administración que al menos por ahora mantiene sus cuentas en regla y sin expedientes nuevos por corrupción.

En Matamoros aparece otro caso de alto calibre. La administración de Mario "La Borrega" López dejó observaciones multimillonarias que superan los 4 mil millones de pesos en un solo ejercicio fiscal.

Ahora esa carga la enfrenta el actual gobierno municipal, que tendrá que cerrar su etapa de argumentación y entregar elementos suficientes para que la ASE proceda conforme a sus atribuciones.

Particularmente ahí se está poniendo a prueba la imparcialidad de la fiscalización. Porque si algo ha quedado claro, es que también gobiernos de Morena están siendo exhibidos con argumentos legales sólidos.

Todavía más: la Auditoría Superior de la Federación ya puso bajo lupa a Matamoros, Tampico y Ciudad Madero, con observaciones serias que podrían derivar en responsabilidades administrativas y hasta penales.

Eso alcanza a ex alcaldes que hoy gozan de fuero como diputados federales, pero que no podrán evadir eternamente el peso de las cuentas públicas mal cerradas.

Mario López en Matamoros, Chucho Nader en Tampico y Adrián Oseguera en Madero no están frente a simples señalamientos políticos. Están frente a observaciones que, tarde o temprano, tendrán que solventarse.

Y si no pudieron "negociar" con la ASF en su momento, menos margen parece haber ahora para ex alcaldes, ex tesoreros, ex síndicos, ex gerentes de Comapa o ex directores de DIF.

La conclusión es directa: la fiscalización va pareja, se está endureciendo y quien haya hecho bien su trabajo no tendría por qué inquietarse. El problema será para quienes dejaron cuentas abiertas y no pudieron ni quisieron hacer las aclaraciones fiscales.