Una fábrica puede tener terreno, trabajadores y clientes; sin electricidad, no tiene futuro. México se juega miles de empleos en algo tan concreto como garantizar energía suficiente, confiable, limpia y a buen precio. Debemos dejar de medir el éxito de la política energética por cuántas plantas posee el Estado y empezar a medirlo por sus resultados, cuánta energía existe en México de calidad y a precios competitivos.
De esto conversé con Tania Ortiz Mena, especialista con tres décadas de experiencia en el sector, en mi podcast En Blanco y Negro que peuden ver en youtube.com/watch?v=yh0INcOcU9I. Su advertencia fue clara: al considerar invertir en México, las empresas preguntan si tendrán electricidad confiable y a precio competitivo. La cercanía con Estados Unidos sirve de poco si la energía no llega.
La oportunidad es enorme. Muchas empresas buscan producir cerca del mercado estadounidense, y por ello tantos se han mudado a México desde otros países, lo que conocemos como nearshoring. Pero ninguna fábrica puede contratar personal ni arrancar sus máquinas sin suministro eléctrico. La electricidad debe estar lista antes de que llegue la inversión. Si esperamos a que nos la pidan, ya vamos tarde.
En México, por más de 30 años, siempre funcionó la alianza público-privada para la generación de electricidad y por eso tuvimos la electricidad necesaria.
A partir de 2018, con la llegada de la visión limitada y cerrada de AMLO, se frenaron inversiones privadas en nuevos proyectos energéticos, justo cuando el mundo reorganizaba sus cadenas de producción. Como explicó Tania, una gran central de ciclo combinado puede requerir dos o tres años de planeación y otros dos, tres o cuatro de construcción. El tiempo perdido no se recupera con un anuncio.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha abierto nuevas opciones para proyectos privados, pero solamente en energías renovables. Es un avance, pero muy pequeño, y el éxito no estará en cuántos contratos se firmen: estará en cuántas plantas funcionan y cuánta electricidad llega a quienes la necesitan, en qué tiempo y a qué costo.
Aquí aparece un obstáculo que suele ignorarse. No basta con producir electricidad; hay que transportarla. Una central terminada puede ser inútil para una fábrica si faltan líneas de transmisión o la red está saturada. Esa infraestructura es responsabilidad exclusiva del Estado. Y ahí el gobierno ha incumplido con su responsabilidad. Le encanta meterse en todos los temas cuando no puede cumplir con lo que le toca.
Ampliarla debe tener la misma urgencia que construir nuevas plantas. También se necesita gas para ciertas centrales y una operación eficiente que evite congestionamientos.
Hay otro problema: el costo. La Asociación Nacional de la Industria Química reportó en 2026 precios de 11.9 centavos de dólar por kilowatt-hora para la industria mexicana en alta tensión, frente a 6.26 en Texas. Las tarifas dependen del usuario, pero esto es prácticamente el doble, afectando así su competitividad. Cuando producir aquí sale más caro, las empresas mejor invierten en otro país.
La soberanía también necesita sentido práctico. México utiliza grandes cantidades de gas natural de Estados Unidos. Esa relación nos da acceso a combustible competitivo, pero nos expone a interrupciones. Debemos fortalecer las conexiones, analizar la viabilidad de desarrollar almacenamiento estratégico y buscar formas responsables de producir más gas en nuestro territorio, siempre y cuando sea a precios razonables. Aprovechar nuestra integración con Norteamérica no equivale a renunciar a la soberanía.
Es legítimo querer una CFE fuerte. La ley establece que el Estado debe inyectar al menos 54% de la electricidad a la red, lo cual me parece un requisito ideológico y absurdo. Pero esa cuota no puede ser el principal indicador de éxito. ¿De qué sirve cumplirla si una empresa no consigue conectarse, una familia paga más o una región pierde oportunidades de empleo?
Propongo evaluar públicamente la política energética por sus resultados: energía disponible donde se necesita, costos competitivos para hogares e industrias, calidad del servicio, generación limpia y avances en las líneas de transmisión. Con metas verificables y reglas claras para invertir, podemos recuperar terreno. La intervención del Estado y la defensa de la soberanía no pueden servir de pretexto para generar ineficiencias y pérdidas, y mucho menos para tolerar la corrupción
México tiene talento, ubicación y mercado para crecer. Falta convertir esas ventajas en empleos y mejores salarios. Cada fábrica que se marcha por falta de electricidad representa empleos y oportunidades perdidos y una persona en pobreza que no puede salir de ella. Hagamos que la energía llegue primero. Una política energética debe juzgarse por las casas que ilumina y los trabajos que permite crear, no por el porcentaje de plantas que controla el gobierno.
