Presentan denuncias contra exfuncionarios
Acusa Gobierno de Tamaulipas al exgobernador García Cabeza de Vaca y exsecretaria de Salud Gloria Molina Gamboa por presunto quebranto al erario por 343 millones de pesos
IVÁN SALDAÑA MAGAÑA, Titular del área jurídica de Salud.
El Gobierno de Tamaulipas denunció penalmente al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la exsecretaria de Salud Gloria Molina Gamboa y a una red de exfuncionarios y empresarios por un presunto quebranto al erario de 343 millones 966 mil pesos, detectado durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018 en la Secretaría de Salud estatal.
Entre los señalados, además de García Cabeza de Vaca y Gloria Molina, figuran Horacio García Rojas Guerra, exsubsecretario de Planeación y Vinculación Social del OPD Servicios de Salud; Alejandro Aguilar Poegner, exsubsecretario de Administración y Finanzas del OPD Servicios de Salud; y Román Castillo Airola, exdirector de Compras del Gobierno estatal.
El caso, que involucra a las empresas Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, ligadas a los hermanos Carmona Angulo, los reyes del huachicol, fue dado a conocer en conferencia de prensa por el titular del área jurídica de Salud, Iván Saldaña Magaña, acompañado del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro; la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván; y la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.
Estas denuncias son el producto de una exhaustiva investigación y diversas reuniones de gabinete han revelado presuntas irregularidades y actos de corrupción cometidos durante el ejercicio de sus funciones en la pasada administración estatal", IVÁN SALDAÑA MAGAÑA Titular del área jurídica de Salud
De acuerdo con la Secretaría de Salud, se interpusieron 70 denuncias ante diversas instancias, de las cuales 14 son de carácter penal y fueron presentadas el 26 de agosto ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
Los delitos imputados son uso ilícito de facultades y atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El apoderado legal de la Secretaría de Salud subrayó que las irregularidades detectadas no corresponden a simples fallas de procedimiento, sino a un "entramado" diseñado para el desvío de recursos públicos.
"No son errores administrativos, son inconsistencias que muestran un patrón de corrupción", puntualizó Saldaña Magaña.
La investigación revela que durante los ejercicios 2017 y 2018 se celebraron contratos por más de 500 millones de pesos con las empresas Permart, de Julio Carmona, y Joser, de Carlos Romero, para servicios de mantenimiento hospitalario.
De ese total, 343 millones de pesos sí fueron pagados bajo procedimientos irregulares, muchos de ellos sin contratos firmados ni facturas que avalaran el gasto, mientras que 157 millones nunca se liquidaron ni fueron reclamados legalmente por las empresas, lo que, según la autoridad, refuerza la presunción de colusión.
El desglose del quebranto precisa que 221 millones corresponden a recursos estatales y 122 millones a fondos federales.
"Durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018 se celebraron diversos contratos de prestación de servicios a través de los cuales dos empresas que están ligadas a los hermanos Carmona se convirtieron en proveedores de mantenimiento a diversos hospitales de la entidad en la pasada administración estatal", expuso el funcionario.
En su exposición, la Secretaría de Salud apuntó que el común denominador en las irregularidades fue la complicidad desde el más alto nivel del gobierno anterior con empresas vinculadas a los hermanos Carmona, familia señalada públicamente por actividades ilícitas en el tráfico de combustibles.
Además de los exfuncionarios, la denuncia también involucra a empresarios como Julio César Carmona, de Permart, y Carlos Alejandro Romero, de Joser, quienes habrían sido beneficiados con contratos directos y sin procesos de licitación.
Los contratos bajo investigación corresponden a mantenimientos y servicios a hospitales, aunque las auditorías determinaron que en varios casos los pagos se realizaron sin documentación comprobatoria ni evidencia de los trabajos supuestamente realizados.
Las irregularidades detectadas incluyen pagos sin facturas, adjudicaciones sin licitación, contratos sin firmas, y triangulación de recursos entre ambas compañías.