Congreso avala refinanciar créditos

La Secretaría de Finanzas precisa en el documento que el refinanciamiento no representará endeudamiento adicional para el Estado.

Para este año la Secretaría de Finanzas someterá a refinanciamiento dos créditos con Banorte por dos mil 386 millones de pesos.

Según los artículos 13 y 14 de la Ley de Ingresos del 2026, el Congreso facultó al Estado a buscar refinanciar una parte de la deuda pública para conseguir tasas de interés más bajas, y tener mayor control financiero.

Es decir, tener mayor flujo de recursos sin comprometer las participaciones que recibe cada mes por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para cubrir dos préstamos adquiridos durante 2020 y 2021, perioro de la pandemia.

El proyecto contempla autorizar al Poder Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, la contratación de instrumentos derivados y operaciones de cobertura de tasa de interés, con el objetivo de reducir la exposición a la volatilidad del mercado de dinero que impacta las obligaciones financieras del Estado.

En el texto se establece que estas operaciones se realizarán “previo análisis del destino y de la capacidad de pago del Gobierno del Estado de Tamaulipas”, y que su finalidad es “mitigar riesgos de la tasa de interés asociada al mercado de dinero”.

Los créditos que serán objeto de refinanciamiento corresponden a un crédito contratado el 11 de noviembre de 2020 por mil 500 millones de pesos, que al 30 de septiembre de 2025 registraba un monto a pagar por mil 433 millones 592 mil 848 pesos.

Así como un segundo crédito firmado el 23 de septiembre de 2021 por mil 200 millones de pesos, del cual se deben 952 millones 620 mil 887 pesos.

En conjunto, ambos compromisos financieros suman un saldo por cubrir de dos mil 386 millones 213 mil 735 pesos, monto que el Ejecutivo estatal pretende reestructurar mediante procesos competitivos entre instituciones del sistema financiero mexicano.

La Secretaría de Finanzas precisa en el documento que el refinanciamiento no representará endeudamiento adicional para el Estado, ya que el monto autorizado será exclusivamente por el saldo insoluto de los créditos vigentes. 

Asimismo, se detalla que el plazo máximo para los nuevos financiamientos podrá extenderse hasta 20 años, contados a partir de su formalización.

En el análisis financiero se señala que las operaciones deberán respaldarse con las participaciones federales que corresponden a Tamaulipas dentro del Fondo General de Participaciones, sin incrementar el porcentaje actualmente comprometido como garantía de pago.

El documento destaca que el objetivo de la operación es “ajustar la tasa de interés y el plazo de los créditos en condiciones más favorables, conforme a las mejores opciones que ofrezca el mercado, sin incrementar el saldo insoluto ni el endeudamiento del Estado”.

Dentro del diagnóstico financiero, la Secretaría de Finanzas advierte que las finanzas públicas estatales mantienen una alta dependencia de las transferencias federales, lo que obliga a vigilar el comportamiento de variables macroeconómicas que pueden incidir en la estabilidad presupuestal del Estado.

El análisis advierte además que el escenario económico global representa un factor de riesgo para las entidades federativas. 

Entre los principales elementos identificados se encuentra la incertidumbre en el comercio internacional, que podría generar “disrupciones productivas y afectar la economía nacional”.

También se señala que una eventual revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría modificar las condiciones del comercio exterior, lo que impactaría a estados con fuerte actividad industrial y exportadora, como Tamaulipas. 

POLÍTICA COMERCIAL

 A ello se suma la posibilidad de cambios en la política comercial internacional que limiten el acceso de productos mexicanos a mercados extranjeros.

 El documento presupuestal advierte que el agravamiento de tensiones geopolíticas podría incrementar la volatilidad en los mercados financieros, lo que repercutiría en el costo del financiamiento público. 

 Asimismo, menciona el riesgo de una desaceleración económica en Estados Unidos, principal socio comercial de México, que afectaría exportaciones, turismo y remesas.

 Entre los factores de riesgo también se contemplan fenómenos climáticos extremos que impacten la actividad productiva y la infraestructura estatal, así como la aceleración en la adopción de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, con posibles efectos en la productividad y el empleo.