Alerta el IETAM riesgo de dinero ilícito en campañas

Con la nueva reforma electoral, los partidos políticos tendrán la responsabilidad de evitar que sus candidatos reciban aportaciones en efectivo de procedencia ilícita, señaló el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charre.

Detalló que la iniciativa de reforma presentada a la Cámara de Diputados abre la puerta a nuevos mecanismos para vigilar el financiamiento de campañas; sin embargo, aún persisten dudas sobre la eficacia de las medidas para impedir la entrada de recursos ilícitos, especialmente aquellos que se entregan fuera del sistema bancario.

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contempla fortalecer la coordinación entre autoridades electorales y financieras para detectar en tiempo real movimientos sospechosos relacionados con campañas políticas.

"Los propios partidos políticos tienen que fortalecer su mecanismo de vigilancia para que en la definición de las precandidaturas no existan aportaciones indebidas", indicó.

El funcionario precisó que la iniciativa propone una vigilancia más estrecha del flujo de recursos que pasan por instituciones bancarias, lo que permitiría activar alertas cuando se registren operaciones inusuales vinculadas a hechos delictivos y actividades de proselitismo.

"La iniciativa establece mecanismos interesantes como la coordinación que tiene que darse entre el Instituto Nacional Electoral y las autoridades en materia financiera para la identificación en tiempo real de movimientos inusuales", señaló.

Indicó que este tipo de alertas ya existen dentro del sistema financiero mexicano, donde las operaciones sospechosas pueden ser detectadas y reportadas para su investigación por parte de las autoridades competentes.

"Todo lo que circula a través del sistema bancario es perfectamente monitoreable, es perfectamente identificable", explicó el consejero presidente.

A pesar de ello, Ramos Charre reconoció que uno de los principales desafíos en materia de fiscalización electoral sigue siendo el ingreso de dinero en efectivo o recursos que no pasan por canales institucionales, lo que dificulta su rastreo.

Durante el análisis de la propuesta legislativa, uno de los temas que ha generado mayor debate es precisamente la forma de evitar las aportaciones ilegales que, en ocasiones, se entregan de manera directa a candidatos o partidos políticos durante las campañas.

"Hay estudios de diversos académicos que refieren justo el abuso de fuentes de financiamiento indebidas durante los procesos electorales", comentó, y en ese sentido, explicó que la iniciativa mantiene reglas ya establecidas en el sistema electoral, como la prohibición de recibir aportaciones en efectivo y la obligación de que el financiamiento público prevalezca sobre el privado.

"Se reitera el hecho de que no puede haber aportaciones en efectivo de ninguna especie y que el financiamiento público debe prevalecer sobre el carácter privado", subrayó.

No obstante, el titular del Ietam consideró que uno de los aspectos que podría requerir ajustes o mayor discusión durante el proceso legislativo es el relacionado con las sanciones aplicables cuando se detecten irregularidades en el financiamiento de campañas.

A su juicio, sería deseable que las consecuencias jurídicas fueran lo suficientemente firmes para inhibir estas prácticas, incluso contemplando la cancelación de candidaturas cuando se acrediten faltas graves.

"Definitivamente es deseable que la sanción y consecuencia última, y la más importante, sea el que se cancelen candidaturas si existen riesgos o irregularidades en materia financiera", expresó.

Sin embargo, explicó que en la iniciativa actual no se establece de manera directa que los hallazgos financieros puedan derivar automáticamente en la pérdida del registro de una candidatura, por lo que ese punto podría ser revisado en el análisis legislativo.

Por ello, señaló que será necesario esperar el desarrollo de las leyes secundarias que deriven de la reforma constitucional para conocer con mayor precisión cómo se fortalecerán las herramientas de fiscalización.

"Habrá que esperar si en las leyes secundarias viene un desarrollo más puntual de cómo avanzar en este tema que algunos llaman el elefante en la sala", concluyó.