Van contra abusos en rentas

Ante el incremento de quejas por aumentos en los precios de la renta de viviendas, el Congreso dio entrada a una iniciativa que plantea poner candados a los renteros sobre los precios mensuales, y evitar que miles de familias sigan pagando cobros que podrían ser ilegales.

La propuesta, presentada por el diputado local Armando Zertuche Zuani, plantea exhortar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) a emprender una campaña informativa dirigida a quienes habitan viviendas rentadas, con el propósito de que conozcan sus derechos y puedan identificar cuándo un incremento rebasa lo permitido.

En Tamaulipas existen más de 200 mil viviendas en renta, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que significa que una de cada cinco casas habitación en el estado es ocupada bajo un esquema de arrendamiento.

Advirtió que una gran parte de los inquilinos desconoce que el Código Civil Estatal contempla límites para los aumentos de renta, situación que ha permitido que algunos propietarios incrementen los cobros por encima de lo legal sin enfrentar cuestionamientos.

"Muchos ciudadanos creen que el dueño de una vivienda puede aumentar la renta en cualquier porcentaje y en cualquier momento, cuando la ley establece reglas claras. El problema es que la mayoría de los arrendatarios desconoce sus derechos y termina aceptando incrementos que no necesariamente son legales", dijo.

La iniciativa refiere que el artículo 1769 del Código Civil del Estado establece que las rentas de casa habitación únicamente pueden incrementarse una vez por año y que el aumento no puede exceder el 65 por ciento del incremento porcentual registrado por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) durante el periodo correspondiente.

Sin embargo, según expone el documento legislativo, esta disposición suele ser ignorada tanto por arrendadores como por arrendatarios.

"Existe una brecha importante entre lo que establece la ley y lo que realmente ocurre en el mercado de la vivienda. Esa falta de información coloca a miles de familias en una situación de vulnerabilidad frente a prácticas abusivas", argumentó.

La propuesta destaca que entre los sectores más afectados se encuentran madres solteras, estudiantes universitarios, maestros, policías y trabajadores que por razones laborales deben vivir lejos de sus municipios de origen y dependen de una vivienda rentada para mantener su actividad cotidiana.

En muchos casos, añade la iniciativa, las familias terminan destinando entre el 30 y el 40 por ciento de sus ingresos mensuales al pago de la renta, porcentaje que aumenta aún más cuando se aplican incrementos excesivos.

"Cuando una familia debe elegir entre pagar la renta o cubrir otras necesidades básicas como alimentación, transporte o educación, estamos frente a un problema social que merece atención institucional".

El diputado considera que la principal herramienta para combatir estas prácticas es la información, por ello, plantea que la Seduma impulse una campaña permanente para explicar a la población cuáles son los límites legales de los aumentos, cómo identificar posibles abusos y qué instancias pueden brindar orientación jurídica en caso de controversias.

"La mejor defensa contra un abuso es el conocimiento. Si los ciudadanos saben qué establece la ley, tendrán mayores herramientas para exigir el respeto de sus derechos y evitar cobros indebidos", insistió.

El legislador también señala que, aunque actualmente existen mecanismos legales para impugnar incrementos irregulares, la mayoría de las personas desconoce los procedimientos o evita iniciar procesos legales por desconocimiento, temor o falta de recursos económicos.

ECONOMÍA DEL HOGAR

INCERTIDUMBRE ENTRE FAMILIAS 

Esta situación, agrega, ha provocado que numerosos arrendatarios acepten aumentos superiores a los permitidos para evitar conflictos o el riesgo de perder la vivienda que ocupan.

"Hay familias que viven con la incertidumbre de no saber cuánto aumentará la renta cada año. Esa incertidumbre afecta la economía del hogar y limita la capacidad de planear gastos a mediano plazo". Señaló que la vivienda en renta no debe verse únicamente como una relación comercial entre particulares, sino como un hogar, una familia, de personas que merecen certeza sobre el lugar donde viven. La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictaminación.

EN NÚMEROS

200 mil viviendas se rentan en Tamaulipas

1 de cada 5 casas está ocupada bajo arrendamiento

30% a 40% del ingreso familiar se destina a la renta

1 vez al año puede aumentar legalmente el arrendamiento