Revisan fortuna de funcionarios
SABG y UIFE verifican posibles inconsistencias entre ingresos y patrimonio declarado; revisiones incluyen cuentas bancarias, bienes inmuebles y registros oficiales
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) y la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE) mantiene bajo investigación a 24 funcionarios por presuntas anomalías en su evolución patrimonial.
Acciones de la autoridad en la investigación patrimonial
La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, dijo que se realiza un cotejo entre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios para verificar un crecimiento en sus bienes que no corresponden a sus ingresos.
Explicó que estos procedimientos forman parte de la etapa de revisión posterior a la presentación de declaraciones patrimoniales de los funcionarios, proceso que registra avances superiores al 70 por ciento de cumplimiento.
Estas revisiones incluyen el cruce de datos con registros de bienes inmuebles, instituciones bancarias y otras bases de información oficial, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias en la evolución patrimonial de los funcionarios.
Pedraza Melo aclaró que, por el momento, todos los casos se encuentran en etapa de análisis y solicitud de información, y será hasta concluir esta fase cuando se determine si existe alguna irregularidad.
"En este momento, en esas 24 verificaciones de evolución patrimonial, están en la etapa de requerir a diferentes instituciones la información", puntualizó.
Detalles sobre las denuncias contra servidores públicos
Asimismo, detalló que, de encontrarse inconsistencias, los expedientes podrían ser turnados a la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado para su análisis más profundo.
"Donde haya inconsistencias, se dará a vista la Unidad de Inteligencia Financiera", indicó.
La funcionaria agregó que las revisiones incluyen tanto a servidores públicos en funciones como a exfuncionarios, dentro de un esquema de vigilancia permanente del patrimonio declarado, con el fin de encontrar presuntos actos de corrupción en los que estuvieran vinculados servidores públicos de primer nivel.
Pedraza Melo detalló que en lo que va del año se han recibido entre 130 y 135 denuncias relacionadas con el desempeño de servidores públicos, de las cuales se han derivado procedimientos formales de responsabilidad administrativa.
"Nos han presentado alrededor de 130-135 denuncias, de las cuales se han derivado 13 promociones de responsabilidad administrativa", dijo.
Revisión de declaraciones patrimoniales de funcionarios
La secretaria señaló que las principales quejas ciudadanas están relacionadas con la atención en dependencias como Educación, Finanzas y la Secretaría General de Gobierno, principalmente por retrasos en trámites o falta de respuesta a solicitudes.
"Normalmente las quejas y denuncias están en el área de educación, de finanzas, de la Secretaría General, por un trato a veces que no es tan pronto", comentó.
En ese sentido, subrayó que la presentación de la declaración patrimonial no es solo un trámite administrativo, sino una herramienta que les permite detectar a "nuevos ricos".
La funcionaria añadió que, aunque la mayoría de los servidores públicos de primer nivel ya cumplió con esta obligación, todavía hay casos pendientes por razones de carácter técnico o administrativo.
"Tenemos algunos titulares que están por presentar su declaración porque requieren información bancaria, pero están en eso. Me han comentado que a más tardar el miércoles va a presentar", indicó.