La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tiene identificada el arma de fuego que habría causado la muerte de la menor Aranza durante un operativo en Matamoros, al establecer mediante estudios de balística que el proyectil recuperado corresponde a un arma larga calibre 7.62 que portaban los elementos de la Guardia Estatal que viajaban en un helicóptero identificado en la zona.
El fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que la investigación se encuentra avanzada en materia de balística forense para determinar quién tenía bajo su resguardo el arma utilizada.
Nosotros estamos persiguiendo lo pertinente para obtener los mandamientos judiciales concernientes al ejercicio de la acción penal". JESÚS EDUARDO GOVEA, FISCAL GENERAL
Detalles confirmados
Pese a los avances periciales, los cuatro elementos que viajaban en el helicóptero están identificados, ninguno se encuentra detenido por estos hechos. Durante una entrevista, explicó que los resultados periciales permitirán establecer con precisión la correspondencia entre los elementos balísticos recuperados en la investigación y el arma de fuego desde la cual fue disparado el proyectil que provocó la muerte de la menor.
Al ser cuestionado sobre el calibre del arma, confirmó que se trata de una de 7.62 milímetros, correspondiente a un arma larga. De acuerdo con el fiscal, el piloto debía concentrarse en la operación de la aeronave, mientras que los otros integrantes transportaban el armamento, tanto armas largas como cortas.
Sin embargo, precisó que el arma de interés para esclarecer la muerte de Aranza es una larga, por lo que las diligencias se concentran en establecer quién tenía bajo su resguardo ese armamento y su relación con el proyectil recuperado.
Dijo que la identificación de los cuatro policías y del arma involucrada representa uno de los principales avances de la investigación, aunque hasta el momento no se han concretado detenciones por parte de la Fiscalía.

¿Qué declararon las autoridades?
Al preguntarle directamente si los elementos estaban detenidos o separados de sus funciones, Govea Orozco aclaró que existe un procedimiento administrativo paralelo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de su área de Asuntos Internos. "En este momento hay un procedimiento de la Secretaría de Seguridad Pública. De hecho, desde que inició la investigación nuestra, paralelamente el área de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad está llevando a cabo también lo propio para los fines de la corporación".
No obstante, ante la insistencia sobre si alguno de los cuatro policías se encontraba bajo detención ministerial, el fiscal respondió: "En este momento no". La Fiscalía continúa con las diligencias para integrar los elementos necesarios y solicitar las órdenes de aprehensión para proceder penalmente contra quienes resulten responsables.
En ese sentido, Govea Orozco sostuvo que la investigación no se limita a los procedimientos administrativos de la SSPT, pues la responsabilidad de la Fiscalía es esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables. "Nosotros estamos persiguiendo lo pertinente para obtener los mandamientos judiciales concernientes al ejercicio de la acción penal".
Sobre la posible responsabilidad de los mandos superiores que participaron en la organización y ejecución del operativo aéreo en el que murió Aranza, y no se quede en los cuatro policías que viajaban en el helicóptero, el fiscal no descartó otras líneas de responsabilidad, pero tampoco confirmó que existan procedimientos específicos contra mandos superiores.
Responsabilidades penales
Sostuvo que cada determinación dependerá de los resultados de los actos de investigación. "Nosotros vamos a depender para dar cada paso de los actos de investigación que realicemos". Sobre los señalamientos del secretario de Seguridad, Carlos Arturo Pancardo Escudero, que la muerte de la menor corresponde a un daño colateral por las agresiones y operativos en Matamoros para capturar a un líder criminal, Govea Orozco consideró que esa expresión no corresponde al ámbito de la investigación penal, particularmente cuando se busca establecer la responsabilidad de una persona por los hechos. "El término daño colateral creo que no, para los fines que interesan a la investigación penal y al sistema de justicia, pues hablar de daño colateral es un término que no aplica en lo que a nuestra responsabilidad concierne".
Agregó que se trata de una expresión que se ha utilizado de manera ordinaria para calificar un hecho lamentable, pero subrayó que, desde la perspectiva de la Fiscalía, la investigación debe enfocarse en determinar las responsabilidades penales. "Porque si estamos hablando de que se va a procesar penalmente a una persona como responsable de esos hechos, pues ahí no cabe esa expresión."




