Avalan cárcel por filtraciones
Quien revele información reservada sobre operativos de seguridad pública enfrentará penas de cuatro a ocho años de prisión
Toda persona que filtre información en temas de seguridad, investigaciones u operativos, recibirá penas de hasta ocho años de prisión en Tamaulipas.
El Congreso local aprobó un dictamen que adiciona el artículo 207-Septies al Código Penal del Estado para castigar a quien haga uso indebido de información en materia de seguridad pública, así como multas de 90 mil pesos.
¿Qué establece la nueva ley sobre filtraciones de seguridad?
La iniciativa, presentada por diputado Humberto Armando Prieto Herrera, plantea que se castigue el acceso ilegal a los sistemas de información, y a quienes hacen mal uso de ellos al filtrar información sensible.
En su exposición de motivos, el legislador advierte que la evolución de la criminalidad ha encontrado en la tecnología un aliado, particularmente en delitos como la extorsión.
"Hoy en día, la extorsión no solo se comete mediante amenazas directas, sino también mediante el uso indebido de información sensible obtenida de sistemas institucionales", señala el documento.
Dijo que filtrar información pone en riesgo la efectividad de los operativos, investigaciones y la integridad tanto de ciudadanos como de elementos policiales que participan en los trabajos para detener a presuntos delincuentes.
"La información en materia de seguridad pública posee un carácter altamente sensible y estratégico, cuya vulneración puede comprometer operativos policiales y poner en riesgo la vida de servidores públicos y ciudadanos", dijo.
El nuevo artículo establece que cualquier persona con acceso autorizado a sistemas informáticos de seguridad que obtenga, copie, utilice, revele o transfiera información reservada o confidencial, enfrentará penas de cuatro a ocho años de prisión, y una multa cercana a los 100 mil pesos.
Cuando el responsable sea un servidor público, especialmente si pertenece a instituciones de seguridad, las penas podrían incrementarse hasta en una mitad, acompañadas de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo equivalente al de la condena.
Acciones del Congreso para proteger la información sensible
El legislador insistió que filtrar información sensible no es una falta administrativa o violación a la confianza, sino que también se pone en riesgo el trabajo en conjunto de diferentes corporaciones, y a las personas cercanas al caso.
"Este tipo de conductas representa una amenaza directa a la seguridad del Estado, al facilitar la comisión de delitos de alto impacto, entre ellos la extorsión", dijo.
También se plantea que el delito se investigue por oficio, es decir, sin la necesidad de una denuncia formal, ya que actualmente se requiere de una querella de la parte afectada, limitando la actuación de la Fiscalía Local.
"No podemos condicionar la persecución de delitos que ponen en riesgo la seguridad pública a la voluntad de alguien para denunciar. El Estado debe actuar de oficio".
Impacto de la ley en la seguridad pública de Tamaulipas
Los diputados coincidieron que reforzar estas medidas permitirá cerrar espacios de impunidad y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante conductas que pueden facilitar delitos como el secuestro, la delincuencia organizada o la extorsión.