Suplantan a funcionarios estatales para extorsionar

Los extorsionadores hicieron uso indebido de la información pública, informó Luisa Manautou.

Al menos cuatro empresarios proveedores del Gobierno Estatal han sido víctimas de intentos de extorsión telefónica por personas que se hacen pasar por funcionarios públicos, alertó la titular de la Secretaría de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván.

Explicó que los extorsionadores hicieron uso indebido de información pública relacionada con contratos y pagos, así como del padrón de proveedores, obteniendo números telefónicos, domicilios fiscales, y correos electrónicos, así como de los representantes legales de las empresas.

Confirmó que los cuatro proveedores reportaron de manera informal haber recibido llamadas en las que les solicitaban dinero bajo el argumento de agilizar trámites o pagos.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe ninguna denuncia formal presentada ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, aunque con la nueva Ley General contra la Extorsión éste delito se debe perseguir de oficio por el Ministerio Público.

"No fueron denuncias formales. Solamente se acercaron a comentarlo, me abordaron en eventos y nos hicieron los comentarios, pero hasta ahora no hay denuncias presentadas ante la Fiscalía, únicamente esos avisos", explicó.

La funcionaria detalló que, tras conocer los casos, la dependencia optó por advertir públicamente a los proveedores a través de redes sociales para que ignoren cualquier llamada sospechosa.

"Les pedimos que hagan caso omiso a esas llamadas y que los únicos medios de comunicación oficiales son los del gobierno", señaló.

De acuerdo con Manautou Galván, los intentos de extorsión no prosperaron, ya que ninguno de los proveedores accedió a realizar pagos.

"Fueron cuatro proveedores y la ventaja es que ninguno cayó en extorsión, eso es lo más importante", subrayó.

Según lo relatado por los empresarios, los presuntos extorsionadores se identificaban como trabajadores de la Dirección General de Compras del gobierno estatal y comenzaban solicitando información sobre contratos o procesos administrativos.

"Empezaban a preguntarles cosas y finalmente terminaban pidiéndoles dinero", comentó la secretaria.

La funcionaria explicó que los casos se registraron semanas atrás y que el modus operandi consistía en utilizar información disponible públicamente para intentar dar credibilidad a las llamadas.

"Como esa información es pública, cualquiera puede tener acceso a ella y a partir de ahí se comunicaron con los proveedores para tratar de extorsionarlos, pero afortunadamente no se concretó", indicó.

Manautou Galván precisó que no se trató de un hackeo directo a sistemas gubernamentales, sino de un uso indebido de datos públicos combinado con suplantación de identidad.

"No fue que hubieran hackeado el sistema. Simplemente alguien registró otro número a nombre de un funcionario y empezó a pedir información, es un mal uso", explicó.