Buscan blindaje legal para médicos residentes

Ante los niveles documentados de desgaste, acoso laboral y afectaciones a la salud mental que enfrentan médicos residentes, el Congreso local dio entrada una iniciativa para establecer un blindaje que los proteja. 

La propuesta fue presentada por el diputado local Víctor Manuel García Fuentes, y plantea adicionar un nuevo capítulo a la Ley de Salud del Estado, enfocado exclusivamente en los derechos, obligaciones y mecanismos de protección para las personas médicas residentes que se forman en unidades médicas públicas y privadas de la entidad.

El legislador subraya que atender esta problemática no es una concesión, sino una responsabilidad, al advertir que “proteger a los médicos residentes no es un privilegio, es una condición indispensable para garantizar servicios de salud seguros, humanos y de calidad para la población”.

De acuerdo con estudios citados en la iniciativa, más del 50 por ciento de este personal presenta síndrome de burnout, que consiste en un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por estrés laboral crónico de moderado a severo, mientras que entre 30 y 40 por ciento ha sufrido acoso laboral o prácticas de hostigamiento durante su formación.

Incluso, se refiere que en algunos hospitales del país prácticamente la totalidad de los residentes de ciertas especialidades han presentado síntomas de desgaste profesional, asociados a jornadas prolongadas, presión constante y falta de descanso adecuado. 

En otros casos, se documenta la presencia de síntomas depresivos y pensamientos suicidas, lo que exhibe una crisis de salud mental entre quienes sostienen gran parte de la atención médica en hospitales públicos.

La iniciativa advierte que estas prácticas se han normalizado dentro del sistema de formación médica, pese a que vulneran derechos humanos básicos y afectan directamente la seguridad del paciente. 

El diputado señala que las condiciones psicosociales incrementan el riesgo de errores médicos y reducen la calidad de la atención en los hospitales, por lo que el problema va más allá del ámbito laboral y se convierte en un asunto de salud pública.

El proyecto de decreto propone reconocer formalmente a la persona médica residente como un profesional con título y cédula que participa en un programa de especialización acreditado y que desarrolla actividades asistenciales y académicas en el estado. 

A partir de ello, se establecen derechos, entre ellos recibir formación de calidad bajo supervisión adecuada, contar con jornadas y esquemas de guardia compatibles con su bienestar y la seguridad del paciente, así como acceder a periodos razonables de descanso.

De manera expresa, la iniciativa establece el derecho a un trato digno, libre de violencia, discriminación, hostigamiento, acoso, humillación o cualquier forma de abuso, así como la prohibición de obligar a los residentes a realizar actividades ajenas a su proceso formativo o que no correspondan a funciones médicas.

Se establece que la Secretaría de Salud del Estado asuma la responsabilidad de supervisar las condiciones de las sedes de formación, emitir lineamientos de buenas prácticas y dar seguimiento a las quejas relacionadas con violaciones a derechos.