Buscan justicia accesible para las personas sordas

Autoridades judiciales impulsan capacitación y mayor presencia de intérpretes para eliminar barreras en juicios y garantizar el debido proceso.

El Poder Judicial local capacitará a jueces y personal administrativo, además de ampliar el uso de intérpretes en Lengua de Señas Mexicana, para garantizar el acceso a la justicia de más de 33 mil personas con discapacidad auditiva en la entidad.

La magistrada de la Novena Sala Civil-Familiar, Teresa Olivia Blanco Alvizo, subrayó que el reto no es únicamente médico, sino jurídico y social, para que toda persona víctima o imputado pueda entender con claridad cada fase del juicio.

"Una persona sorda puede hacer cualquier cosa igual que un oyente, excepto oír. La discapacidad no está en la persona, sino en las barreras que como sociedad no hemos eliminado", expresó ante el pleno.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Tamaulipas existen 33 mil 480 personas con discapacidad auditiva, lo que coloca al estado en el lugar 14 a nivel nacional. 

De ese universo, 18 mil 259 son hombres y 15 mil 221 mujeres; tomando en cuenta que los hombres son los principales imputados en diversos delitos del fuero común.

Blanco Alvizo advirtió que el acceso a la justicia debe contemplar ajustes razonables y protocolos específicos para evitar actos de discriminación. 

"No basta con abrir la puerta del juzgado; debemos garantizar que comprendan el proceso, que puedan expresarse y que sus derechos sean protegidos en igualdad de condiciones", sostuvo.

La magistrada explicó que actualmente el Poder Judicial dispone de intérpretes en Lengua de Señas Mexicana como personas de apoyo en los procesos judiciales, y adelantó que se fortalecerá su participación.

"Es fundamental contar con intérpretes certificados en cada etapa procesal cuando sea necesario. La comunicación efectiva es la base del debido proceso", afirmó.

Añadió que los juzgadores están obligados a aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de personas con discapacidad, el cual establece la eliminación de barreras, la accesibilidad y la adopción de ajustes de procedimiento adecuados a la edad y condición de la persona.

"Tenemos la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para que las personas con discapacidad auditiva entiendan y sean entendidas. De lo contrario, se vulnera su derecho humano de acceso a la justicia", puntualizó.

En Tamaulipas, más de la mitad de quienes presentan discapacidad auditiva son mayores de 60 años, lo que implica también un atenciones complementarias.

"Cuando garantizamos accesibilidad, no solo cumplimos con la ley, fortalecemos la confianza ciudadana en las instituciones", afirmó.