Proponen actas gratis cuando el error sea del Registro Civil

Con el argumento de que ningún ciudadano debe pagar por errores atribuibles a la autoridad, la diputada local Mayra Benavides Villafranca, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para eliminar el cobro por la corrección y rectificación de actas en el Registro Civil de Tamaulipas, reforma que generaría un ahorro de hasta 469.24 pesos por trámite.

La legisladora planteó modificar tanto la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil del Estado como la Ley de Hacienda estatal, a fin de establecer de manera expresa el principio de gratuidad cuando se trate de corregir errores administrativos en inscripciones como actas de nacimiento, matrimonio o defunción.

Actualmente, la Ley de Hacienda para el Estado establece el pago equivalente a tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por la corrección de errores en inscripciones del Registro Civil, lo que representa 351.93 pesos, a lo que se suma la expedición de una nueva acta con los datos corregidos, con costo de 117.31 pesos. 

En total, el trámite asciende a 469.24 pesos con ambos pagos para los ciudadanos que deben corregir esos errores.

Benavides Villafranca sostuvo que esta práctica resulta injusta, al trasladar a la ciudadanía el costo de fallas que no provocó. 

Señaló que "nadie debe pagar por corregir un error que no cometió, y mucho menos cuando ese error fue generado por la propia autoridad".

Expuso que el Registro Civil es una de las instituciones más sensibles del Estado, pues desde el nacimiento hasta la muerte es la instancia que otorga certeza jurídica sobre la identidad de las personas. 

"No estamos hablando de simples trámites administrativos, estamos hablando del derecho a la identidad, que es un derecho humano fundamental", afirmó.

La diputada indicó que en la práctica son frecuentes los errores materiales, mecanográficos u ortográficos en las actas, que van desde nombres mal escritos y apellidos incompletos hasta fechas incorrectas o datos incongruentes. 

Añadió que, aunque no sean intencionales, estos errores pueden generar afectaciones al momento de realizar trámites escolares, laborales, notariales o de seguridad social.

Incluso, destacó que la mayor incidencia de estos errores se presenta en registros de personas adultas mayores, quienes enfrentan mayores obstáculos para regularizar su documentación. 

"Es particularmente delicado cuando se trata de personas de edad avanzada que requieren sus documentos para acceder a pensiones, servicios de salud o programas sociales; ponerles una carga económica adicional es injusto", expresó.

La iniciativa propone adicionar el artículo 29 Bis a la Ley Reglamentaria del Registro Civil para establecer que en los casos de correcciones, modificaciones o rectificaciones de actas operará el principio de gratuidad, es decir, no se deberá cobrar derecho o cargo administrativo alguno. 

"El Estado debe asumir la responsabilidad de sus propias fallas. Corregir un error administrativo no es un beneficio adicional para la persona, es devolverle la certeza jurídica que nunca debió perder", subrayó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos Primera para su discusión, análisis y dictaminación.