Van por mayor control de deuda en Tamaulipas
Congreso analiza reforma para cerrar paso a la opacidad en financiamiento público
El Congreso local dio entrada a una iniciativa para reforzar las decisiones que toma el Estado sobre la deuda pública de Tamaulipas, que asciende a los 15 mil 550 mdp al cierre del año pasado.
¿Qué propone la reforma al financiamiento público?
La reforma tiene como objetivo de cerrar espacios a la opacidad y fortalecer los mecanismos de control en la contratación de financiamiento. El diputado Isidro Jesús Vargas Fernández presentó los cambios a la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas, con la que se busca modernizar la integración del Comité Técnico de Financiamiento y robustecer la toma de decisiones en materia de endeudamiento.
"La deuda pública constituye uno de los pilares fundamentales del equilibrio financiero y del desarrollo económico de las entidades federativas", expuso, por lo que se necesitan controles estrictos y decisiones colegiales en beneficio de los tamaulipecos.
Acciones del Congreso para controlar la deuda pública
La iniciativa propone que el Comité Técnico de Financiamiento quede integrado por las personas titulares de la Secretaría de Finanzas, la Oficina del Gobernador y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, incorporando así a más perfiles en la planeación, supervisión y control del gasto público. "El propósito es fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la sostenibilidad financiera y la eficiencia del endeudamiento público".
Actualmente el Estado mantiene deudas de nueve mil 626 millones con Banorte; de dos mil 979 mdp con Bancomer; 135 mdp con Banobras; dos mil 469 millones con Banamex y 339 mdp con HSBC.
Vargas Fernández subrayó que la reconfiguración del órgano permitirá una evaluación más rigurosa de los proyectos financiados con deuda. "Se busca asegurar que la contratación y manejo de la deuda pública se realicen con rigor técnico y rendición de cuentas", refiere.
Impacto de la deuda pública en Tamaulipas
El proyecto contempla la participación a dependencias estatales y representantes municipales cuando se analicen proyectos vinculados a su ámbito, quienes podrán intervenir con voz, pero sin voto. "Esta incorporación fortalece la corresponsabilidad institucional y permite que la evaluación de los proyectos integre información sectorial, técnica y territorial oportuna", señala la exposición de motivos.
En ese sentido, advierte que el rediseño del Comité también responde a la necesidad de prevenir riesgos de corrupción en el manejo de la deuda pública. "Se robustece la gobernanza financiera y la prevención de riesgos de corrupción, en concordancia con los compromisos de desarrollo sostenible", indica.
