Los gobiernos estatal y municipales, así como las Comapas, podrían estar obligados a indemnizar a los automovilistas cuyos vehículos sufran daños por baches, socavones y desperfectos en la infraestructura vial, de acuerdo con una iniciativa presentada por la diputada del PAN, Ma. del Rosario González Flores.
La propuesta busca reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus municipios para establecer un procedimiento especial, digital y simplificado que permita a los ciudadanos reclamar el pago de los daños sin tener que recurrir a largos procesos jurisdiccionales y demandas.
Detalles confirmados
Entre los principales cambios se plantea que los gobiernos tengan un plazo de cinco días para emitir una resolución sobre las reclamaciones y que, una vez autorizada la indemnización, dispongan de un máximo de 30 días hábiles para efectuar el pago o expedir una orden de servicio en un taller autorizado.
Además, la iniciativa contempla que, si los gobiernos no emiten una resolución dentro del plazo, la reclamación se consideraría aprobada de forma automática.
La legisladora argumentó que los desperfectos en las calles representan un problema recurrente para las familias tamaulipecas, particularmente durante las temporadas de lluvias, cuando aparecen baches y socavones que ocasionan daños a neumáticos, rines y sistemas de suspensión de los vehículos.
Señaló que los afectados llegan a desembolsar entre dos mil y cinco mil pesos por percance, sin que necesariamente exista un mecanismo accesible para recuperar ese dinero cuando el daño es consecuencia de una deficiencia en la infraestructura pública.
"Los mismos, generan un daño continuo a los neumáticos, rines y suspensiones de los automóviles, causando perjuicio económico a las familias por 2 mil o 5 mil pesos por evento".
¿Cómo ocurrió la propuesta?
La iniciativa también busca que la responsabilidad no recaiga exclusivamente en los ayuntamientos, sino en la autoridad que tenga a su cargo la infraestructura donde ocurrió el incidente, incluyendo al Gobierno estatal y las COMAPAS.
La diputada sostuvo que las fallas en calles y avenidas constituyen una actividad administrativa irregular cuando las autoridades incumplen con sus obligaciones de mantenimiento, por lo que deben asumir las consecuencias económicas de los daños ocasionados a los ciudadanos.
"Dicha falla del gobierno, estatal, municipal o el organismo operador de agua respectivo, una verdadera actividad administrativa irregular en términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado".
El procedimiento propuesto aplicaría exclusivamente para reclamaciones por daños materiales en vehículos cuyo monto no exceda 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Para acceder a este mecanismo, los automovilistas tendrían que presentar su reclamación dentro de los cinco días hábiles posteriores al percance, mediante los medios digitales que habilite la autoridad correspondiente.
Entre los requisitos estarían fotografías que permitan identificar el desperfecto vial, la ubicación geográfica del incidente, las circunstancias en que ocurrió, los datos del vehículo, cotizaciones de reparación de un proveedor establecido y la información necesaria para realizar una transferencia bancaria.
La propuesta también establece excepciones para evitar que los gobiernos paguen daños atribuibles a los propios conductores, entre ellas se encuentran la negligencia, el exceso de velocidad, causas de fuerza mayor u otras circunstancias imputables al automovilista.
"Con esta reforma el ciudadano, ante un percance provocado por bache o socavón en el pavimento, deberá reportarlo en un plazo de 5 días hábiles."
