Busca ASE recuperar 60 mdp

El auditor Francisco Noriega Orozco.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) busca recuperar entre 50 y 60 millones de pesos en proceso de resarcimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa contra exfuncionarios públicos que cometieron actos de corrupción.

Mientras que las sanciones económicas aplicadas a servidores públicos apenas alcanzan entre uno y un millón y medio de pesos.

¿Qué acciones toma la Auditoría Superior del Estado?

El auditor superior, Francisco Noriega Orozco, explicó que actualmente existen alrededor de 27 expedientes promovidos ante el Tribunal, derivados principalmente de la cuenta pública 2023 y ejercicios posteriores, en los que se busca que exfuncionarios y entes obligados reintegren recursos al erario.

"Estaríamos hablando que lo que estamos buscando que sea resarcido... alrededor de entre 50 y 60 millones de pesos los que estamos nosotros tratando de que sean resarcidos ante el Tribunal de Justicia Administrativa en estos 27 expedientes", precisó. Detalló que el proceso de fiscalización implica tiempos prolongados, ya que una cuenta pública puede tardar cerca de dos años en ser revisada y concluida, lo que retrasa la integración de expedientes y su eventual judicialización.

"La cuenta pública 23 la terminamos de fiscalizar en octubre del año pasado, una cuenta pública tarda en fiscalizarse y terminar el proceso cerca de un año, 10 meses", dijo.

Detalles sobre las sanciones a exfuncionarios públicos

En ese sentido, indicó que los procedimientos para la cuenta pública 2024 aún se encuentran en etapa de revisión, por lo que las posibles sanciones y denuncias derivadas de ese ejercicio se conocerán hasta que concluya su ciclo completo a finales de este año.

Aunque el enfoque principal de la Auditoría se centra en faltas graves y posibles daños patrimoniales, Noriega Orozco reconoció que la mayoría de las irregularidades detectadas corresponden a faltas administrativas no graves, que representan entre el 85 y el 90 por ciento de los casos.

"Estamos hablando de cerca de 12 mil millones de pesos observados el año pasado, de los cuales prácticamente el 85% o el 90% son estas faltas no graves, nosotros vamos por el otro monto, que es un 15%", explicó.

Ese porcentaje equivale a aproximadamente mil a mil 500 millones de pesos en posibles irregularidades que podrían derivar en responsabilidades mayores, es decir, que se presume que hubo corrupción en el manejo del dinero.

EN NÚMEROS

27 expedientes

Casos presentados ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

12 mil mdp

Recursos observados durante el proceso de fiscalización más reciente.

Mil 500 mdp

Monto estimado de posibles irregularidades graves detectadas.

133 funcionarios

Han sido sancionados por distintas faltas administrativas.

Impacto de la corrupción en la recuperación de recursos

En paralelo, el auditor informó que se han aplicado sanciones a 133 servidores públicos por diversas faltas administrativas; sin embargo, las multas van de los 12 mil hasta los 200 mil pesos.

Aclaró que una cosa es la imposición de sanciones y otra su cobro efectivo, ya que muchas de estas multas se convierten en créditos fiscales administrados por la Secretaría de Finanzas.

"Una cosa es que los procedimientos se concluyan y otra cosa es que lo paguen... en un momento dado se convierten en créditos fiscales".

El funcionario subrayó que el objetivo de llevar los casos al Tribunal de Justicia Administrativa es precisamente lograr el resarcimiento del daño, ya que es en esa instancia donde se determinan las obligaciones de pago para los responsables.

Además, destacó que en años anteriores no se promovían este tipo de acciones, lo que impedía recuperar recursos públicos observados, situación que comenzó a cambiar a partir de 2024.

"En la cuenta 23 no se presentó ningún expediente, nosotros los empezamos a presentar 6 en el 24 y en el 25 están 21 presentados", detalló.

Noriega Orozco también advirtió que la falta de seguimiento a las faltas administrativas no graves por parte de los órganos internos de control ha sido un factor que limita la efectividad del sistema anticorrupción, ya que muchos expedientes no concluyen en sanciones.

"Los expedientes concluidos son un porcentaje mínimo de los iniciados, ahí es donde no estábamos teniendo la retroalimentación de qué pasaba con esos entes."