Van contra las bodas forzadas de menores

Magaly Deándar Robinson.

La diputada local Magaly Deándar Robinson presentó una iniciativa para erradicar el matrimonio infantil a través de engaños y manipulación en Tamaulipas.

Denunció que esta práctica trunca el proyecto de vida de las niñas, niños y adolescentes bajo el amparo de supuestas tradiciones o acuerdos familiares.

La propuesta busca perseguir no solo el uso de la fuerza física, sino también la presión psicológica y el abuso de autoridad en contra de las víctimas, a fin de combatir la violencia y el "subregistro" social de estas uniones informales. Se establece una pena máxima de 27 años de prisión contra todas las personas involucradas en el delito.

Detalles de la iniciativa contra el matrimonio infantil

La legisladora recordó que en el 2023 se tipificó penalmente esta conducta, busca perfeccionar la ley para cerrar los espacios de impunidad que los agresores siguen explotando.

"Se advierte la necesidad de robustecer el tipo penal de cohabitación forzada, ampliando sus supuestos de comisión y agravantes, a fin de garantizar una protección más amplia, eficaz y acorde con la realidad que enfrentan las víctimas".

Denunció que se ha detectado que las uniones tempranas y forzadas rara vez se ejecutan mediante el secuestro o la violencia explícita; por el contrario, suelen concretarse mediante el chantaje emocional, las amenazas o el condicionamiento económico ejercido por los propios cuidadores o familiares de los menores. La iniciativa de Magaly Deandar señala que comete el delito de cohabitación forzada quien no solo obligue, sino quien "manipule, coercione, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte" a un menor de dieciocho años o a personas sin capacidad de resistirse, a unirse informal o consuetudinariamente con el fin de convivir de forma constante y equiparable a un matrimonio.

Impacto de la cohabitación forzada en menores

"La cohabitación forzada, en cualquiera de sus formas, constituye una grave transgresión a los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad (...) al imponerles un proyecto de vida ajeno a su voluntad, truncando su desarrollo integral y exponiéndolos a contextos de violencia, abuso y desigualdad estructural".

Al incorporar la manipulación y la coerción, los ministerios públicos contarán con los elementos técnicos necesarios para sancionar las presiones psicológicas.

La reforma establece que la pena prevista para este delito se incrementará hasta en una mitad, cuando exista un lazo de parentesco entre el agresor y la víctima, o cuando esta última pertenezca a algún grupo indígena o afromexicano.

Con esta modificación, si un tío, abuelo o el propio padre de la víctima, entrega o presiona a una menor para cohabitar con un tercero, la ley castigará con mayor severidad dicha conducta debido a la traición al deber de cuidado y protección.

Finalmente, el proyecto legislativo contempla un ordenamiento interior del Código Penal para blindar los juicios y evitar interpretaciones erróneas que los abogados defensores utilicen para retrasar o evadir las sentencias.

La iniciativa deroga la definición de "actos sexuales" y las agravantes relativas a la violencia física o psicológica dentro del artículo de cohabitación forzada, trasladándolas íntegramente al delito de pederastia. Esta separación evita el riesgo de que un delito absorba al otro de forma inadecuada durante el proceso de vinculación.