Tamaulipas blinda filtros para contratación pública
La Secretaría de Administración asegura que las reformas a la Ley de Adquisiciones fortalecieron los controles para evitar la participación de proveedores irregulares.
La Secretaría de Administración de Tamaulipas blindo los procesos de contratación pública, con el objetivo de cerrar espacios a la simulación empresarial y potenciar la transparencia en el uso de recursos públicos.
Lo anterior lo dio a conocer Luisa Eugenia Manautou Galván, titular de la Secretaría de Administración quien destacó que todas las licitaciones se llevan a cabo bajo criterios estrictos de revisión y vigilancia, conforme a la legislación estatal en materia de adquisiciones.
Acciones de la autoridad para mejorar la transparencia
Fue en el año 2025 cuando el Congreso de Tamaulipas realizó modificaciones a la Ley de Adquisiciones, en donde se marcan nuevos candados legales para impedir la participación de empresas sin la capacidad operativa necesaria o con antecedentes de incumplimiento contractual.
Manautou Galván resaltó que los nuevos procedimientos aseguran que solo participan proveedores que demuestren solvencia técnica, infraestructura adecuada y condiciones propicias para cumplir con los compromisos adquiridos con el Estado.
Detalles sobre la Ley de Adquisiciones en Tamaulipas
El fortalecimiento del marco normativo responde a la necesidad de resguardar el patrimonio público y evitar prácticas que, en administraciones anteriores, generaron dudas sobre la asignación de contratos. La secretaria subrayó que la transparencia en las licitaciones es fundamental para asegurar que los recursos gubernamentales se utilicen legalmente y bajo principios de rendición de cuentas.
Además, las revisiones incluyen la verificación física de los domicilios, la capacidad operativa y la existencia real de los proveedores, con el fin de prevenir simulaciones que puedan comprometer obras, servicios o adquisiciones.
Impacto en la confianza ciudadana en procesos de contratación
Manautou Galván reafirmó que el objetivo principal es aumentar la confianza ciudadana en los procesos de contratación pública y garantizar que cada peso del presupuesto estatal se utilice de manera justificada.