Frena la Profepa desarrollos irregulares en Playa Miramar
Dos proyectos inmobiliarios fueron suspendidos por afectar dunas costeras consideradas barrera natural contra huracanes y marejadas
Construían sobre dunas en Miramar; Profepa interviene y clausura.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente suspendió actividades en dos proyectos inmobiliarios ubicados en Playa Miramar, tras detectar daños ambientales provocados en áreas de dunas costeras, consideradas una barrera natural indispensable para la protección del litoral.
Acciones de la autoridad en Playa Miramar
La intervención forma parte del Operativo Nacional de Inspección y Vigilancia en Ecosistemas Costeros, estrategia aplicada en 17 entidades del país para combatir desarrollos irregulares y frenar afectaciones en zonas ecológicas sensibles.
Durante una de las inspecciones realizadas en el máximo paseo turístico de Ciudad Madero, autoridades ambientales localizaron labores de relleno y construcción en una extensión cercana a los mil 200 metros cuadrados, además de maquinaria pesada operando sobre el ecosistema costero.
Debido a las anomalías detectadas, personal de Profepa colocó sellos de clausura en el sitio y aseguró el equipo utilizado para los trabajos.
Detalles de la intervención de Profepa
En una segunda revisión, los inspectores constataron que los responsables incumplieron las medidas correctivas previamente ordenadas, y además detectaron la edificación de 13 nuevas estructuras sobre las dunas, pese a las restricciones ambientales existentes en el área.
La dependencia federal señaló que las dunas costeras cumplen una función esencial como protección natural ante fenómenos meteorológicos, entre ellos huracanes, fuertes vientos y marejadas, además de servir como refugio para distintas especies de flora y fauna.
Asimismo, advirtió que la modificación o destrucción de estos ecosistemas incrementa el riesgo de erosión y vulnerabilidad en las zonas costeras.
Impacto de la construcción en ecosistemas costeros
La Profepa informó que continuará con los procedimientos administrativos y legales para definir las sanciones que podrían imponerse a quienes resulten responsables de las construcciones clausuradas.