Cae banda implicada en asesinato de agente federal en Matamoros
Un operativo de la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad dejó ocho detenidos, un arsenal y más de 40 kilos de marihuana
En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad Federal derivó en la captura de ocho presuntos delincuentes en Matamoros, quienes están bajo investigación por su probable relación con el asesinato de un agente del Servicio de Protección Federal, cometido el pasado 17 de mayo.
Acciones de la autoridad en Matamoros
Las detenciones fueron ejecutadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y el propio Servicio de Protección Federal; el despliegue incluyó cateos y patrullajes en puntos críticos de la ciudad.
En una primera acción en la colonia Ciudad Industrial, las fuerzas del orden detuvieron en flagrancia a Juan "N", Eduardo "N" y Víctor "N". De forma simultánea, en la colonia Casablanca, fue capturado Juan Pablo "N" a bordo de un vehículo con placas de Texas, en posesión de armamento y equipo táctico.
Detalles del operativo y detenciones realizadas
Posteriormente, se logró la localización y detención de Arturo "N", Zuriel "N", José Ángel "N" y Rubén "N", todos ellos imputados inicialmente por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Durante los despliegues tácticos, las autoridades lograron asegurar un importante arsenal compuesto por 21 armas largas, dos armas cortas, 35 cargadores y aproximadamente mil 371 cartuchos de diferentes calibres.
Asimismo, se incautaron alrededor de 43 mil 400 kilogramos de marihuana, 10 vehículos, 10 chalecos balísticos con seis placas de protección, dos radios de comunicación y 159 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".
Incautación de armamento y drogas en Matamoros
A los ocho indiciados se les respetaron sus derechos constitucionales al momento del arresto y fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, autoridad que determinará su situación jurídica, mientras peritos especializados concluyen los dictámenes sobre el armamento y la droga asegurada.