Corte decide sobre acceso a las playas
Activistas reaccionan al fallo de la Corte Suprema de Texas sobre el cierre de playas por parte de SpaceX
Una familia disfruta de una barbacoa mientras se reúne en la playa Boca Chica en Starbase el viernes 6 de marzo de 2026, cerca de la plataforma de lanzamiento de SpaceX a lo largo de la carretera estatal 4 de Texas.
La decisión de la Corte Suprema de Texas relativa al derecho constitucional del público al acceso a las playas priva a los texanos de los medios para hacer valer ese derecho cuando es una entidad gubernamental la que lo viola.
Así lo afirma Save RGV, demandante en una demanda contra el condado de Cameron, la Oficina General de Tierras de Texas y la comisionada de la GLO, Dawn Buckingham, por los repetidos cierres de la playa de Boca Chica y la carretera estatal 4, primero por parte del condado y luego por la ciudad de Starbase, a petición de SpaceX para los lanzamientos de Starship y otras operaciones relacionadas con cohetes.
¿Qué implicaciones tiene el fallo de la Corte Suprema?
Save RGV presentó una demanda en 2021, a la que posteriormente se unieron como demandantes la Nación Carrizo/Comecrudo de Texas Inc. y el Sierra Club. La semana pasada, el tribunal, compuesto por nueve magistrados, dictaminó que entidades privadas como la organización sin fines de lucro Save RGV no tienen derecho a demandar para exigir el acceso público a las playas.
En concreto, el tribunal dictaminó que el juez de primera instancia que previamente había desestimado el caso con carácter definitivo (lo que significa que los demandantes no pueden volver a presentar una versión modificada de la demanda) había actuado correctamente al hacerlo.
Al emitir la opinión del tribunal, la jueza Rebeca Huddle señaló que la Legislatura creó en 1959 la Ley de Playas Abiertas, que declaraba que "los texanos gozan del derecho libre e irrestricto de entrada y salida a las playas de propiedad estatal". Históricamente, cuando surgían disputas sobre el acceso público, la responsabilidad de hacer cumplir la ley recaía en los gobiernos estatales y locales, escribió.
Acciones de Save RGV y otras organizaciones
Según la opinión, una enmienda constitucional aprobada por los votantes en 2009 "consagró el derecho de acceso público a las playas en nuestra Constitución", y afirmó que "la enmienda constitucional otorgó al público un derecho, descrito como una servidumbre permanente, para entrar, salir y usar las playas de Texas".
Sin embargo, la enmienda —que fue aprobada con un apoyo público abrumador— especificaba que "no crea un derecho privado de ejecución", escribió Huddle. Dicha disposición impide las reclamaciones de los demandantes e inmuniza a los "agentes gubernamentales" frente a la demanda, según la opinión.
En 2013, el representante René Oliveira fue el autor de una ley, impulsada por SpaceX, que autorizaba al comisionado de la Oficina General de Tierras (GLO) y a "ciertos condados" a cerrar temporalmente playas o puntos de acceso a la playa para actividades de vuelos espaciales. Oliveira falleció en 2024.
Save RGV afirmó que la decisión del tribunal supremo se produce mientras Starbase continúa cerrando Boca Chica y la SH 4 (autoridad arrebatada al condado el año pasado mediante una maniobra legislativa) a instancias de SpaceX, "entregando la playa pública a la compañía para que la utilice como zona de explosión durante los lanzamientos de cohetes y actividades relacionadas durante el tiempo que deseen".
Detalles sobre la Ley de Playas Abiertas en Texas
"Los votantes de Texas consagraron el derecho al acceso público a las playas en la Declaración de Derechos del estado en 2009 precisamente para evitar este tipo de situaciones", declaró Save RGV. "El fallo del 19 de junio socava esa intención al obligar a la ciudadanía a confiar en que el gobierno se autorregule, incluso cuando es el propio gobierno quien comete la violación constitucional. Sin embargo, la Corte Suprema de Texas ha dictaminado que los ciudadanos no pueden exigir judicialmente el cumplimiento de esa protección constitucional cuando los funcionarios gubernamentales la violan.
