Houston cambia decreto que limita cooperación con ICE

Estudiantes realizan una protesta contra la presencia del ICE en escuelas y su campaña de deportaciones masivas, en una escuela secundaria de Houston.

El ayuntamiento de Houston enmendó el miércoles un decreto que limitaba la cooperación de la policía local con agentes federales de inmigración, después de que el gobernador de Texas amenazó con retirar millones de dólares en fondos para la seguridad pública.

¿Qué cambios se realizaron en el decreto de Houston?

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott ha amenazado con retirar fondos de seguridad pública a Houston, Austin y Dallas —tres de las ciudades más grandes del estado y bastiones demócratas—, debido a sus políticas que establecen la manera en que las fuerzas del orden interactúan con las autoridades federales de inmigración. Las tres ciudades corren el riesgo de perder alrededor de 200 millones de dólares en financiamiento de seguridad pública, incluidos decenas de millones para la seguridad en los partidos del Mundial en Dallas y Houston.

El concejo municipal de Houston aprobó el decreto hace dos semanas, el cual eliminó el requisito de que los agentes de policía de Houston esperen hasta 30 minutos para que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) lleguen para tomar custodia de una persona con una orden administrativa no judicial. Si los agentes de ICE no se presentaban a tiempo, la policía anotaba la información de la persona detenida y posteriormente era puesta en libertad.

Acciones del gobernador Abbott ante el decreto de inmigración

Pero Abbott advirtió a las autoridades locales que la nueva norma y sus límites a la cooperación con agentes del ICE es una violación a los términos de las subvenciones estatales por 110 millones de dólares que Houston había recibido para reforzar la seguridad durante los partidos del Mundial de junio próximo.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también había interpuesto una demanda contra el alcalde John Whitmire y miembros del concejo municipal con relación al decreto, acusándolos de violar una ley estatal de 2017 que impide que las ciudades adopten políticas que limiten la aplicación de las leyes de inmigración y que también prohibió las políticas de "ciudad santuario" en el estado. No existe una definición estricta de las políticas de santuario o las ciudades santuario, pero los términos describen por lo general una cooperación limitada con el ICE.

Luego de más de dos horas de debate durante su sesión semanal, el ayuntamiento de Houston votó 13-4 a favor de modificar la ordenanza. Whitmire manifestó que había consultado con la oficina de Abbott sobre los cambios necesarios para evitar que Houston perdiera su financiamiento.

Reacciones de concejales sobre la modificación del decreto

Las enmiendas al decreto eliminan la redacción que establece que las órdenes administrativas —a diferencia de las órdenes firmadas por un juez— que utilizan los agentes del ICE para poner a personas bajo custodia no son suficientes para que los agentes arresten o detengan a una persona.

"No tenemos alternativa para que Houston sobreviva, se prepare para (el Mundial), patrulle estos vecindarios", dijo Whitmire. "Tenemos que lograr hoy que se restablezcan esos 114 millones de dólares".

Andrew Mahaleris, un portavoz de Abbott, dijo que el gobernador espera que cualquier política que implemente la policía de Houston cumpla con la certificación de la ciudad de que cooperará plenamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés).

"Esta votación es un paso en la dirección correcta después de que los líderes de Houston pusieron en riesgo la seguridad pública con políticas imprudentes que socavaron a las fuerzas del orden", subrayó Mahaleris en un comunicado.

La concejal Abbie Kamin, una de tres integrantes que habían impulsado la norma, votó en contra de las enmiendas, asegurando que hacerlo era ceder a las tácticas de intimidación del gobierno estatal.

"Si nos doblegamos ahora ante un bravucón, ¿qué nos exigirá más adelante?", expresó Kamin.

Los concejales Edward Pollard y Alejandra Salinas, quienes también habían impulsado la ordenanza, dijeron que mantienen la esperanza en que los cambios aprobados el miércoles no serán una violación a los derechos constitucionales de las personas y no resultarán en detenciones sin una orden no judicial.