Batalla legal por derecho a impugnar su detención

El Centro Residencial T. Don Hutto, un centro de detención en Taylor.

Entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, la policía detuvo a tres inmigrantes latinos en Taylor y luego contactó a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, quienes tomaron custodia de los hombres y los sometieron a un proceso de deportación sin darles la oportunidad de una audiencia para fijar la fianza.

Los tres hombres habían cruzado la frontera entre Texas y México por separado y habían vivido en el país como inmigrantes indocumentados durante 22, 15 y 14 años, respectivamente. Durante ese tiempo, trabajaron, formaron familias y no tenían antecedentes penales antes de ser detenidos.

Ignacio Sosnava Rodríguez, Miguel Ángel Gómez Alvarado y Alejandro Villegas Ángel fueron finalmente liberados de la custodia del ICE después de que los jueces federales determinaran que mantenerlos detenidos sin la posibilidad de una audiencia de fianza violaba los derechos al debido proceso de los hombres.

La administración Trump apeló, argumentando que la ley federal de inmigración establece que los inmigrantes indocumentados deben ser retenidos hasta su deportación.

¿Qué derechos tienen los inmigrantes indocumentados?

Sus casos se encuentran ahora ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que decidirá sobre una cuestión constitucional clave en medio de la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump: ¿Tienen los inmigrantes indocumentados el mismo derecho a impugnar su detención que los ciudadanos y los inmigrantes legales?

"Este caso trata sobre algunos de nuestros derechos más fundamentales consagrados en la Constitución", declaró Gracie Willis, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración, que representa a los tres hombres. "El derecho a ser escuchados en asuntos que afectan a nuestra libertad".

Durante décadas, no hubo controversia: el gobierno federal y los tribunales afirmaron que los inmigrantes indocumentados tienen derecho al debido proceso. Sin embargo, el verano pasado, la administración Trump argumentó que los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a impugnar su detención, lo que ha dado lugar a un número histórico y sin precedentes de inmigrantes detenidos: más de 73.000, en comparación con un promedio de 28.000 durante la administración Biden.

Acciones de la administración Trump sobre detenciones

Las detenciones también han dado lugar a un número histórico de demandas que impugnan la detención de inmigrantes. Según ProPublica, los inmigrantes presentaron más peticiones de hábeas corpus —casi 47,000— en los primeros 13 meses del segundo mandato de Trump que en los tres mandatos anteriores juntos. Aproximadamente una de cada cinco se presentó en tribunales federales de Texas.

¿Qué cambió?

Según las leyes federales de inmigración, el gobierno puede deportar rápidamente a los inmigrantes indocumentados que cruzaron recientemente la frontera entre Estados Unidos y México sin darles la oportunidad de una audiencia para fijar la fianza. Sin embargo, para aquellos que han vivido en Estados Unidos durante meses o años antes de ser detenidos, la ley les otorga el derecho a impugnar su detención.

En julio de 2025, la administración Trump anunció un cambio de política, estableciendo que cualquier persona arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, independientemente del tiempo que llevara en el país, permanecería detenida hasta su deportación, sin darle la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración para impugnar su detención y solicitar su liberación bajo fianza.

Esto incluía a los inmigrantes que solicitaron asilo o a quienes se les permitió ingresar a los Estados Unidos a pesar de no tener un estatus legal permanente, una práctica llamada libertad condicional, que a menudo se otorga a los solicitantes de asilo mientras sus casos están pendientes.

Las solicitudes de asilo se dispararon junto con el número de personas que cruzaban la frontera sur, una tendencia que comenzó durante la primera administración de Trump y alcanzó máximos históricos durante la administración de Biden; esa cifra se ha desplomado en el segundo mandato del presidente Trump, ya que la administración intensificó la aplicación de las leyes de inmigración y restringió el acceso al asilo.