Veinte mil niños migrantes quedarían sin defensa legal

Los niños migrantes que llegan solos a Estados Unidos suelen contar con protecciones especiales.

HARLINGEN, Texas.- Defensores advierten que decenas de miles de niños migrantes que llegaron solos a Estados Unidos podrían perder representación legal en los tribunales de inmigración y aumentar su riesgo de deportación, ya que la administración Trump permite que expire un contrato con proveedores de servicios legales.

El viernes finaliza el contrato mediante el cual el gobierno federal financia los servicios legales para los niños que ingresan a Estados Unidos sin un padre o tutor. El gobierno subcontrata estos servicios a una red de casi 100 organizaciones legales en todo el país, que brindan asistencia a aproximadamente 20 000 niños.

La administración Trump no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre por qué permitía que el contrato expirara. Esto ocurre en un momento en que la administración ha redoblado sus esfuerzos para lograr su política de deportaciones masivas, y después de que los niños migrantes se convirtieran en objetivo de expulsión del país durante el primer año del segundo mandato de  Trump.

Como parte del contrato que está por expirar, los grupos legales pueden ingresar a los albergues financiados por el gobierno y dar presentaciones a los niños sobre sus derechos legales, y representarlos directamente durante los procedimientos judiciales de inmigración.

Pero, al finalizar dicho contrato, los proveedores afirman que no está claro qué sucederá el lunes ni si podrán visitar a sus clientes en los albergues donde viven. "No tenemos ni idea de qué va a pasar con esos niños la semana que viene. No sabemos si van a tener representación legal. El gobierno aún no ha identificado a quién se hará cargo de esta representación", declaró Melissa López, directora ejecutiva de Estrella El Paso, durante una rueda de prensa.

Los proveedores afirman que su capacidad para ingresar a los albergues, supervisar a sus usuarios y ofrecer charlas a los recién llegados constituye una importante medida de control para una población vulnerable. Advierten que, sin un abogado que los asista en los tribunales y los ayude a comprender las complejidades de la ley de inmigración, los niños tendrán muchas más probabilidades de ser deportados a los países de los que huyeron inicialmente. "El gobierno está tratando de eliminar nuestro trabajo porque saben que sin abogados los niños serán deportados", dijo López.

Decenas de niños y adolescentes llegaron temprano el viernes al juzgado de Harlingen para una audiencia ante un juez de inmigración. En el vestíbulo, otros niños que esperaban sus audiencias jugaban con rompecabezas y figuras de acción o dibujaban en libros para colorear.

Un niño de 8 años entró en la sala del tribunal con un Etch-a-Sketch en la mano, sentado junto a su abogado.

Se trataba de niños que habían llegado a Estados Unidos sin padres ni tutores legales, y cuyos casos se estaban tramitando ahora en los tribunales de inmigración. Sin embargo, Lauren Fisher Flores, abogada del proyecto ProBar de la Asociación de Abogados, que presta servicios legales en el suroeste de Texas, advirtió al tribunal sobre la inminente expiración del contrato.

Explicó que, a partir del lunes, los abogados no podrían ofrecer las sesiones informativas legales que suelen brindar a los niños en los albergues para que conozcan sus derechos. Tampoco podrían intervenir ni prestar los servicios de "Amigo de la Corte", que consisten en asistir a los niños que a veces se presentan ante el tribunal sin abogado. Fisher Flores afirmó que la organización desconocía cuál era el plan del gobierno para el futuro.

"Esperamos sinceramente que haya alguien que pueda sustituirnos la semana que viene", dijo.

La jueza agradeció al abogado y dijo que lamentaba la noticia.

Los bufetes de abogados ya están despidiendo personal tras meses sin cobrar.

La finalización del contrato se produce cuando los proveedores de servicios legales que representan a estos niños afirman no haber recibido su pago durante más de seis meses. Las organizaciones alegan que la administración Trump ha estado reteniendo los pagos mientras exige información detallada sobre sus clientes, información que, según los proveedores, nunca antes se les había solicitado y que, por ética, no pueden proporcionar.

"Está claro que intentan destruir el programa minando la salud financiera de las organizaciones sin fines de lucro. Hemos visto despidos y suspensiones temporales de empleo, y veremos muchos más si no se pagan estas facturas", dijo Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica.

Algunos grupos han intentado conseguir financiación privada para continuar su labor, mientras que otros han empezado a despedir personal y cerrar oficinas. ProBar, en el sur de Texas, despidió esta semana al 20% de su plantilla.