Suspende partes de ley de inmigración un día antes de entrar en vigor

Agentes especiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas vigilan a cuatro inmigrantes indocumentados de Honduras que fueron detenidos en una propiedad privada en el condado de Kinney.

AUSTIN, Texas.- Una ley de inmigración de gran alcance de Texas, prevista para 2023, quedó prácticamente paralizada el jueves, un día antes de su entrada en vigor. Sin embargo, la disposición que permite a la policía estatal y local arrestar a personas sospechosas de haber cruzado ilegalmente la frontera sur sí se activó el viernes.

A principios de este mes, grupos defensores de los derechos civiles interpusieron una demanda para detener cuatro secciones clave del Proyecto de Ley 4 del Senado: la creación de un delito por reingresar al país sin autorización, incluso si una persona ha obtenido estatus legal desde entonces; el establecimiento de la autoridad de los magistrados para ordenar la deportación de una persona; la creación de un delito por no cumplir con la orden de un magistrado; y el requisito de que los magistrados continúen un proceso judicial incluso si una persona tiene una solicitud de asilo u otros casos de inmigración pendientes. 

Los grupos argumentaron que las secciones relativas al sistema judicial estatal son inconstitucionales porque invaden la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre las leyes de inmigración. También impugnaron la disposición sobre reingreso, afirmando que la ley no ofrece ninguna protección a las personas que contaban con permiso federal para ingresar al país ni a aquellas cuyo estatus migratorio pudiera estar pendiente.   

El juez federal David Alan Ezra concedió el jueves la medida cautelar preliminar contra estas secciones de la ley. El magistrado, nombrado por Reagan, había indicado durante una audiencia el miércoles que las consideraba inconstitucionales.

"De hecho, es inverosímil imaginar que cada uno de los cincuenta estados de Estados Unidos tenga su propia política estatal de inmigración que prevalezca sobre los poderes inherentes a Estados Unidos como nación", reiteró Ezra en su fallo escrito. 

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas afirmaron que su decisión reafirmaba que las leyes de inmigración no son competencia de los estados, y añadieron que el proyecto de ley SB 4 provocaría una discriminación racial generalizada. 

"Texas no puede pasar por alto la Constitución de los Estados Unidos y debería dejar de perder el tiempo intentando hacerlo", dijeron los grupos en un comunicado conjunto a The Texas Tribune. 

La oficina del fiscal general Ken Paxton no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. 

Esta demanda se presentó después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos desestimara una impugnación legal previa contra la SB 4, interpuesta por inmigrantes y organizaciones que trabajan con migrantes. Sin embargo, en lugar de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, el tribunal de apelaciones desestimó el caso el mes pasado tras determinar que los demandantes carecían de legitimación activa para demandar. 

Los líderes de Texas, que celebraron la desestimación del caso por parte del tribunal de apelaciones como una victoria para la seguridad pública, han insistido en que la SB 4 es válida porque refleja la ley federal de inmigración. 

Además, han argumentado que Texas tiene el derecho soberano de defender sus fronteras. En 2023, cuando se propuso la ley, se registraron cifras récord de cruces fronterizos ilegales, que según las autoridades equivalían a una invasión. Desde entonces, esas cifras han disminuido drásticamente. 

Durante la audiencia del miércoles, David Bryant, de la oficina del fiscal general, no afirmó que el estado abandonara el argumento de la invasión, a pesar de reconocer la disminución en el ritmo de los cruces fronterizos ilegales. Bryant sí argumentó que el caso debía desestimarse porque la SB 4 aún no había entrado en vigor y porque el director del Departamento de Seguridad Pública, Freeman Martin, el único demandado en la demanda, no había decidido cómo la policía estatal haría cumplir la ley. 

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Pública (DPS) y muchas agencias policiales de todo Texas ya se han asociado con agentes federales de inmigración a través del programa 287(g), incluso bajo el modelo de grupo de trabajo que permite a los agentes interrogar a las personas sobre su estatus migratorio durante el trabajo policial rutinario.