Evitan salir, incluso por atención médica

María solloza al relatar el miedo y la ansiedad que siente por sus hijos, incluyendo a Juan, de 4 años, si la detienen los agentes del ICE, dentro de su casa en el condado de Hidalgo, Texas.

WESLACO, Texas.- Estos días, Juanita reza cada vez que sale de la entrada de su modesta casa rural.

La madre de 41 años, quien cruzó a Estados Unidos desde México hace más de dos décadas y se casó con un carpintero estadounidense, teme que agentes federales estén tras ella.

Cuando estaba por ir a la farmacia a finales del mes pasado, su esposo la llamó con una advertencia desesperada: agentes de inmigración abarrotaban el estacionamiento de la tienda. Juanita, quien es prediabética, no pudo surtir los medicamentos que tratan sus deficiencias nutricionales. Tampoco podía arriesgarse a ser detenida porque tiene que cuidar a su hija de 17 años, quien tiene síndrome de Down.

"Si me atrapan, ¿quién va a ayudar a mi hija?", pregunta Juanita en español mediante un intérprete. Algunas personas citadas en este artículo insistieron en que The Associated Press publicara sólo sus nombres de pila debido a la preocupación por su estatus migratorio.

A medida que el gobierno de Trump intensifica la actividad de deportaciones en todo el país, algunos inmigrantes —incluidos muchos que han vivido en el extremo sur de Texas durante décadas— se resisten a salir de sus casas, ni siquiera para recibir la atención médica que necesitan.

Apartadas detrás de las plazas comerciales de un piso de las autopistas, las taquerías de carretera y los vastos huertos de cítricos que se extienden a lo largo de 256 kilómetros (160 millas) de Rio Grande Valley, se encuentran personas como Juanita, quienes necesitan atención médica crítica en una de las regiones más pobres e insalubres del país. Durante generaciones, familias mexicanas se han asentado armoniosamente —algunas de manera legal, otras no— en esta comunidad predominantemente latina, donde el estatus migratorio no solía estar en mente.

Una "situación muy peligrosa"

Funcionarios de la Casa Blanca han ordenado a los agentes federales que no dejen ningún lugar sin revisar —incluidos hospitales e iglesias— en su esfuerzo por expulsar a 1 millón de inmigrantes para finales de año. Esos agentes también revisan las bases de datos de registros médicos más grandes del gobierno federal para buscar inmigrantes que puedan estar en Estados Unidos sin autorización legal.

Las deportaciones y las restricciones más estrictas tendrán consecuencias, dice Mark Krikorian, director del Center for Immigration Studies (Centro de Estudios sobre la Inmigración), un grupo de expertos que apoya políticas migratorias restrictivas.

"No debimos haber dejado que se nos fuera de las manos como lo hicimos", enunció Krikorian sobre las políticas migratorias del gobierno anterior. "Algunos negocios tendrán dificultades. Algunas comunidades enfrentarán dificultades".

Las redadas de los agentes federales comenzaron a profundizar en la vida cotidiana de Rio Grande Valley en junio, justo cuando los 1,4 millones de habitantes de la zona comenzaban su ritual veraniego de soportar el calor sofocante.

Esta zona de clase trabajadora de Texas apoyó firmemente a Trump en las elecciones de 2024, a pesar de las promesas de campaña de implementar sin piedad deportaciones masivas. Las personas de aquí, que antes viajaban regularmente de Estados Unidos a México para visitar a sus familiares o recibir atención dental económica, dicen que no se percataron de que su campaña de deportación se centraría en sus vecinos.

Pero en las últimas semanas, empleados de restaurantes han sido escoltados a mitad de turno y los agricultores han perdido repentinamente a sus trabajadores agrícolas. Los niños en edad escolar hablan abiertamente de amigos que perdieron a un padre en las redadas. Más de una docena fueron arrestados el mes pasado en mercados de segunda mano del lugar, según informes de prensa locales y funcionarios de la Patrulla Fronteriza.

Los inmigrantes permanecen encerrados en sus casas móviles y casas rústicas que conforman las "colonias" —barrios sin zonificación que a veces no tienen acceso a agua corriente ni electricidad—, dice Sandra de la Cruz-Yarrison, quien dirige la clínica Holy Family Services, Inc. en Weslaco, Texas.

"La gente no se va a arriesgar", señala De la Cruz-Yarrison. "Están siendo separados de sus familias".

No obstante, la gente de la zona se encuentra entre quienes tienen mayores necesidades médicas del país.

Casi la mitad de la población es obesa. Las mujeres tienen mayor probabilidad de ser diagnosticadas con cáncer de cuello uterino y las personas mayores tienen mayor probabilidad de desarrollar demencia. Los cánceres de vejiga pueden ser más agresivos. Una de cada cuatro personas vive con diabetes.

Hasta un tercio de la población no cuenta con seguro médico que cubra estas enfermedades. Y una cuarta parte de los habitantes vive en la pobreza, más del doble del promedio nacional.

Ahora, muchas personas en esta región están en riesgo de que su salud empeore porque no acuden a sus citas médicas por miedo, dice el médico Stanley Fisch, un pediatra que ayudó a inaugurar el Driscoll Children´s Hospital (Hospital Infantil Driscoll) en la región el año pasado.

"Siempre hemos tenido personas, desafortunadamente, que han padecido diabetes sin tratamiento durante mucho tiempo, y ahora eso se agrava con estos otros problemas en este momento", añade Fisch. "Esta es una situación muy peligrosa para la gente. La población está sufriendo como consecuencia".

La inquietud por acudir a las clínicas se extiende

Elvia fue la desafortunada —y desprevenida— paciente que se sentó para el pinchazo en el dedo que la clínica ofrece a todos durante su reunión educativa mensual para miembros de la comunidad. Mientras la sangre salía de su dedo, el monitor registró un nivel de glucosa de 194, lo que indica que es prediabética.

Se resistía a la idea de anotar su dirección para recibir atención regular en la clínica de Holy Family Services. Tampoco quería inscribirse en Medicaid, el programa financiado por el gobierno federal y estatal que brinda cobertura médica a los estadounidenses más pobres. Aunque es residente legal, algunas personas que viven en su casa no tienen estatus legal.

SU PREOCUPACIÓN ESTÁ BIEN FUNDADA

Una investigación de la AP publicada la semana pasada reveló que funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han obtenido acceso a datos personales de salud —incluidas las direcciones— de los 79 millones de afiliados a Medicaid y al Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) del país. Esta divulgación permitirá a los agentes del ICE recibir "información sobre la identidad y la ubicación de los extranjeros", dicen documentos obtenidos por la AP.

En Texas, el gobernador comenzó a exigir que el personal de urgencias pregunte a los pacientes sobre su estatus migratorio, una medida que, según los médicos, disuadirá a los inmigrantes de buscar la atención necesaria. Los funcionarios estatales han expuesto que los datos mostrarán cuánto dinero se gasta en la atención médica para inmigrantes que podrían estar en el país sin autorización. La ley federal exige que las salas de emergencia atiendan a cualquier paciente que acuda a ellas.