Arrestan a esposa de sargento del Ejército durante cita migratoria

José Serrano está casado con Deisy Rivera Ortega, originaria de El Salvador, en una imagen sin datos.

EL PASO, Texas.- La detención de Deisy Fidelina Rivera Ortega, esposa de un sargento del Ejército estadounidense en activo, ha generado preocupación sobre el alcance de las políticas migratorias hacia las familias de militares. Rivera Ortega fue arrestada el 14 de abril mientras asistía a una cita migratoria de rutina en El Paso y ahora enfrenta la posibilidad de ser deportada a México, un país con el que no tiene ningún vínculo.

Un matrimonio con protección legal en disputa

Deisy Rivera Ortega, originaria de El Salvador, está casada con el Sargento de Primera Clase José Serrano, quien ha servido en el Ejército por casi 28 años, incluyendo tres despliegues en Afganistán. La pareja acudió a la cita migratoria para procesar una solicitud de "parole in place", un programa diseñado para que familiares indocumentados de personal militar puedan regularizar su estatus sin salir del país.

Según documentos judiciales, en diciembre de 2019 un juez ordenó la deportación de Rivera Ortega a El Salvador, pero simultáneamente le concedió una "retención de expulsión" bajo la Convención contra la Tortura, una figura legal que le impide ser enviada de regreso a su país natal por riesgo de sufrir daño físico. Esta protección, sin embargo, no la exime de ser deportada a un tercer país.

La detención

El sargento Serrano relató que la detención ocurrió de manera abrupta dentro de las instalaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). "Al final del pasillo, mi esposa fue detenida... le pusieron esposas y se la llevaron. Nadie me dijo nada, ni siquiera cuando preguntaba qué estaba pasando", declaró a medios nacionales.

Actualmente, Rivera Ortega permanece detenida en el centro de procesamiento migratorio de El Paso. Su esposo ha podido visitarla en una sola ocasión, comunicándose a través de un panel de plástico, y solo puede contactarla mediante breves llamadas telefónicas pagadas.

Posturas encontradas

El abogado de la familia, Matthew Kozik, calificó la detención como "arbitraria y caprichosa", señalando que su clienta "seguía las normas establecidas sobre lo que se supone que debe hacer una persona". Kozik ha presentado una petición de hábeas corpus en un tribunal federal argumentando que la detención de Rivera Ortega es ilegal.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Rivera Ortega ingresó al país de manera ilegal en 2016 y que existe una orden final de deportación en su contra desde 2019. El DHS la calificó como una "extranjera ilegal con antecedentes penales", en referencia a su condena por el delito federal de ingreso ilegal a Estados Unidos. Además, la agencia enfatizó que un permiso de trabajo —Rivera Ortega contaba con uno vigente hasta 2030— "no confiere ningún estatus legal para permanecer en el país".

El riesgo de deportación a México y restricciones militares

El aspecto que más preocupa a la familia es que las autoridades han sugerido la posibilidad de deportar a Rivera Ortega a México, un país con el que no tiene ningún vínculo familiar o social. "No conocemos a nadie en México", declaró Serrano a medios nacionales.

Esta situación se complica aún más por las restricciones que pesan sobre los militares estadounidenses para viajar a México, lo que impediría al sargento Serrano visitar a su esposa en caso de que fuera deportada. "Como militar, no se nos permite ir a México", explicó.

Impacto familiar y proceso legal

El sargento Serrano, quien ha recibido tratamiento por trastorno de estrés postraumático y lesiones cerebrales traumáticas derivadas de su servicio, describió el impacto emocional de la situación: "Desde que esto pasó, solo duermo dos horas al día, dos horas por noche", declaró.

Mientras el proceso legal continúa, la defensa busca frenar cualquier intento de deportación, especialmente a un tercer país. El caso ha reavivado el debate sobre la situación migratoria de familiares de militares en servicio activo, particularmente en regiones fronterizas como El Paso, donde la relación entre la comunidad, el Ejército y las políticas migratorias es particularmente estrecha.