DALLAS, Texas
Un juez federal denegó el lunes la solicitud del fiscal general de Texas, Ken Paxton, y de cuatro jueces del Tribunal Penal del Condado de Harris para anular un acuerdo histórico sobre la reforma de la fianza para delitos menores en el condado.
El fallo del juez federal Lee H. Rosenthal mantiene vigente el decreto de consentimiento de O´Donnell de 2019, que permite que la mayoría de las personas acusadas de delitos menores en el condado más poblado del estado sean liberadas de la cárcel antes del juicio sin tener que pagar una fianza en efectivo. El decreto de consentimiento resolvió una demanda colectiva de 2016 después de que un tribunal federal determinara que el sistema de fianzas en efectivo para delitos menores del condado de Harris exacerbaba la pobreza sin promover de manera significativa la seguridad pública ni garantizar la comparecencia ante el tribunal.
Acciones de la autoridad
En 2023, el Quinto Circuito de Apelaciones de Estados Unidos anuló un caso similar que cuestionaba el sistema de fianza en efectivo del condado de Dallas, así como aspectos de su decisión anterior en el caso O´Donnell, bajo una doctrina legal conocida como la abstención de Younger, que prohíbe en gran medida que los tribunales federales intervengan en procedimientos penales estatales pendientes.
En agosto de 2025, Paxton solicitó a Rosenthal que pusiera fin al decreto de consentimiento, haciendo referencia al fallo del tribunal de apelaciones. También argumentó que la reforma del sistema de fianzas del condado entra en conflicto con dos leyes estatales: el Proyecto de Ley del Senado 6 de 2021, que exige que los acusados de delitos violentos paguen en efectivo para salir de la cárcel, y el Proyecto de Ley del Senado 9 de 2025, que limita quiénes pueden optar a una fianza de bajo costo o sin efectivo.
La decisión de Paxton se produjo un día después de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva para poner fin a la fianza sin efectivo.
Las juezas del Tribunal Penal del Condado de Harris, Paula Goodhart, Jessica Padilla, Leslie Johnson y Linda Garcia, se unieron a la iniciativa del fiscal general para anular el decreto de consentimiento a finales de ese mismo año. "Según el Decreto, casi todos los tipos de delitos menores de clase A y B se tratan de la misma manera, aunque algunos casos impliquen conductas graves, algunos detenidos tengan amplios antecedentes penales u otras circunstancias puedan demostrar que una persona podría representar un peligro para la víctima o la comunidad", decía el escrito presentado por los jueces.
Detalles confirmados
En su fallo del lunes, Rosenthal denegó sus peticiones, argumentando que no se habían presentado "en un plazo razonable" porque llegaron años después del fallo del tribunal de apelaciones. La fiscalía general no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
Travis Fife, abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que defendió el decreto de consentimiento junto con el bufete de abogados de Houston Susman Godfrey y la organización sin fines de lucro Civil Rights Corp, calificó la decisión del lunes como una "gran victoria". Según explicó, cada año se libera a unas 28.000 personas en virtud de esta política, lo que les permite regresar con sus familias y a sus trabajos.
"Nuestro sentimiento y nuestra alegría por el resultado se deben realmente a lo que el decreto de consentimiento hace y seguirá haciendo por la libertad de las personas en el condado de Harris al disminuir todas las consecuencias negativas posteriores de la detención preventiva", dijo Fife.
Funcionarios del condado, como el sheriff Ed Gonzalez, el fiscal de distrito Sean Teare y los 12 jueces restantes del Tribunal Penal del Condado de Harris, también apoyaron el mantenimiento de la reforma del sistema de fianzas. "En definitiva, como ejecutivo de las fuerzas del orden, mi principal objetivo es asegurarme de que podamos mantener a la comunidad a salvo de aquellos acusados de delitos mientras se encuentran en la fase previa al juicio, tengan o no dinero", escribió González en una declaración judicial del 27 de agosto.
El sheriff añadió que, desde la implementación del decreto de consentimiento, la cárcel del condado de Harris se ha vuelto "significativamente menos congestionada con acusados de bajo riesgo". Poner fin al acuerdo, escribió, solo "crearía riesgos innecesarios para la seguridad" del personal penitenciario y de las personas encarceladas, especialmente dado que el centro de detención enfrentaba una escasez crónica de personal.
Teare compartió sentimientos similares y le dijo al juez que su oficina tendría que prepararse para docenas de audiencias de fianza al día si se anulaba el decreto de consentimiento.
Un informe elaborado por un supervisor designado por el tribunal, publicado por última vez en marzo, concluyó que el decreto de consentimiento no ha provocado un aumento en el número de reincidentes en delitos menores, mientras que el número de arrestos por delitos menores ha disminuido desde 2015. "Las reformas del sistema de fianzas contempladas en el Decreto de Consentimiento de O´Donnell han ahorrado al condado de Harris y a sus residentes muchos millones de dólares y han mejorado la vida de decenas de miles de personas arrestadas por delitos menores, y estos cambios a gran escala no han producido un aumento en los nuevos delitos cometidos por personas arrestadas por delitos menores", decía el informe de marzo.
La reforma del sistema de fianzas también ha sido una prioridad en la Legislatura de Texas, aunque los líderes y legisladores estatales se han centrado en aprobar normas de fianza más estrictas para las personas acusadas de delitos violentos y los reincidentes. Por ejemplo, la ley SB 9 de 2025 amplió la lista de delitos que impiden a los acusados obtener la libertad bajo fianza sin efectivo para incluir la posesión ilegal de un arma de fuego, la violación de una orden de protección por violencia familiar, la amenaza terrorista y el asesinato como resultado de la fabricación o distribución de fentanilo.
Los texanos también votaron el año pasado a favor de enmendar la Constitución estatal para exigir a los jueces que nieguen la libertad bajo fianza a las personas acusadas de ciertos delitos graves, como asesinato, agresión con agravantes e indecencia con un menor.
De cara a la próxima sesión legislativa, el gobernador Greg Abbott priorizó la imposición de mayores restricciones a la fianza al presentar su lista de prioridades en materia de seguridad pública en mayo. En primer lugar, se encuentra una ley que deniegue la fianza a todos los inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos graves.
