Declaran culpables de terrorismo a 8 personas

Dos personas sostienen pancartas frente al Tribunal Federal Eldon B. Mahon durante el juicio a nueve personas relacionadas con un tiroteo ocurrido en 2025.

DALLAS, Texas.- Un jurado federal declaró culpables a ocho personas el viernes de cargos de terrorismo relacionados con un tiroteo en una instalación migratoria en Texas que los fiscales federales vincularon con antifa, el movimiento descentralizado de extrema izquierda que se ha convertido en un blanco del gobierno del presidente Donald Trump.

Una persona también fue declarada culpable de intento de asesinato después de que, según los fiscales, abriera fuego el verano pasado afuera del Centro de Detención Prairieland, en las afueras de Fort Worth, e hiriera a un agente de policía. El Departamento de Justicia calificó la violencia como un ataque planeado por operativos de antifa —una abreviación de antifascismo—, pero los abogados de los acusados negaron esa caracterización, al afirmar que no había vínculos con antifa y que se trató simplemente de una manifestación con fuegos artificiales antes de que se desataran los balazos.

El juez federal de distrito Mark Pittman, designado por Trump, presidió el juicio de casi tres semanas en Fort Worth. Expertos jurídicos y críticos siguieron de cerca el proceso, y lo consideraron una prueba de hasta dónde puede llegar el gobierno para castigar a manifestantes.

El director del FBI, Kash Patel, había dicho que es la primera vez que se aplican cargos de proporcionar apoyo material a terroristas a personas acusadas de ser miembros de antifa.

"El veredicto de hoy por cargos de terrorismo no será el último, a medida que el gobierno de Trump desmantela sistemáticamente a antifa y finalmente detiene su violencia en las calles de Estados Unidos", declaró la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

Antifa no es una sola organización, sino más bien un término genérico para grupos de extrema izquierda que confrontan o se resisten a neonazis y supremacistas blancos en manifestaciones.

Los manifestantes negaron tener vínculos con antifa

Los abogados defensores le dijeron al jurado que no existía un plan para cometer actos de violencia el 4 de julio afuera de la instalación en la localidad de Alvarado.

En total, hubo nueve acusados en el juicio, ocho de los cuales enfrentaban el cargo de proporcionar apoyo material a terroristas, entre otros cargos. El noveno acusado, Daniel Sanchez Estrada, fue imputado de ocultar de manera corrupta un documento y de asociación delictuosa para ocultar documentos. Fue declarado culpable de ambos.

El abogado de Sanchez Estrada, Christopher Weinbel, dijo que no puede creer que los jurados "llegaran a esta conclusión". Weinbel señaló que el Ejército lo emplazó varias veces en defensa de Estados Unidos y que había albergado esperanzas de que lo que él sacrificó "significara algo".

"Pero siento que con esto le dio la espalda a la justicia... Estados Unidos perdió hoy con este veredicto", manifestó Weinbel.

Durante los alegatos finales, el fiscal Shawn Smith le dijo al jurado que las acciones del grupo —entre ellas llevar armas de fuego, botiquines de primeros auxilios y usar chalecos antibalas— eran señales de que tenían una intención nefasta. Sostuvo que practicaban "tácticas antifa" y que estaban "obsesionados con la seguridad operativa".

Los abogados de los acusados han dicho que no hubo una emboscada planificada, y que los manifestantes que llevaron armas de fuego lo hicieron únicamente para su propia protección.

El caso sin precedentes pone a prueba los derechos garantizados por la Primera Enmienda.