Ordenan a Trump cesar arrestos indiscriminados
La jueza también emitió una orden en la que prohíbe al Gobierno federal impedir el acceso de abogados a una cárcel para inmigrantes en Los Ángeles
Manifestantes protestan contra las recientes redadas de inmigración el viernes 11 de julio de 2025 en Oxnard, California.
LOS ÁNGELES, California
Una jueza federal ordenó el viernes al gobierno de Trump detener los arrestos indiscriminados de inmigrantes en siete condados de California, incluyendo Los Ángeles.
Grupos de defensa de los inmigrantes presentaron una demanda la semana pasada en la que acusan al gobierno del presidente Donald Trump de enfocarse sistemáticamente en personas de piel morena en el sur de California durante su actual batida migratoria. Entre los demandantes hay tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales fue detenido a pesar de mostrar su identificación a los agentes.
La demanda presentada en la Corte de Distrito federal solicitaba a la jueza que impidiera que el gobierno use lo que describieron como tácticas inconstitucionales en redadas de inmigración. Los defensores de los inmigrantes acusan a los funcionarios de inmigración de detener a personas basándose en su raza, realizar arrestos sin orden judicial y negar a los detenidos el acceso a asesoría legal en una cárcel del centro de Los Ángeles.
Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, dijo en un correo electrónico que "cualquier afirmación de que los agentes se han ´enfocado´ en individuos debido a su color de piel es repugnante y categóricamente falso".
McLaughlin agregó que "las operaciones policiales son altamente específicas, y que los agentes hacen su debida diligencia" antes de realizar arrestos.
La jueza Maame E. Frimpong también emitió una orden por separado en la que prohíbe al Gobierno federal impedir el acceso de abogados a una cárcel para inmigrantes en Los Ángeles.
Frimpong emitió las órdenes un día después de una audiencia durante la cual los grupos activistas argumentaron que el gobierno estaba violando las enmiendas Cuarta y Quinta de la Constitución de Estados Unidos.
Los inmigrantes y las comunidades latinas en todo el sur de California han estado en vilo durante semanas desde que el gobierno de Trump intensificó los arrestos en lavados de autos, estacionamientos de Home Depot, tribunales de inmigración y otros negocios. Decenas de millas de personas han participado en manifestaciones en la región por las redadas y por el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina.
La orden también se aplica al condado de Ventura, donde decenas de trabajadores fueron detenidos en una granja el jueves, lo que llevó a enfrentamientos con manifestantes y múltiples lesionados.
Según la Unión Americana de Libertades Civiles, la reciente batida migratoria ha sido impulsada por una "cuota de arrestos arbitraria" y basada en "amplios estereotipos basados en raza o etnia".
Al detener a los tres jornaleros que son demandantes, lo único que los agentes de inmigración sabían sobre ellos es que eran latinos y vestían ropa de trabajo, según la demanda. Agrega que se han hecho redadas en mercados de pulgas y tiendas Home Depot donde testigos señalan que los agentes federales agarraron a cualquiera que "pareciera hispano".
El abogado de la ACLU, Mohammad Tajsar, dijo que Brian Gavidia, uno de los ciudadanos de Estados Unidos que fue detenido, fue "agredido esencialmente... por ninguna otra razón que ser latino y trabajar en un taller de remolque en un vecindario predominantemente latinoamericano".
Tajsar preguntó por qué los agentes de inmigración detuvieron a todos en un lavado de autos, excepto a dos trabajadores blancos —según una declaración de un trabajador del lavado de autos— si la raza no era un factor.
Representando al gobierno, el abogado Sean Skedzielewski dijo que no había evidencia de que los agentes federales de inmigración consideraran la raza en sus arrestos, y que sólo consideraron la apariencia como parte de la "totalidad de las circunstancias", incluyendo vigilancia previa e interacciones con personas en el campo.
Los fiscales generales de 18 estados demócratas también presentaron informes en apoyo de las órdenes.