Corte Suprema de EEUU escucha caso de Ciudadanía por Nacimiento

Foto: Agencia AP.

WASHINGTON, EU.— La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará argumentos este jueves en su primer caso derivado de la avalancha de acciones que han marcado el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Ante la corte están las apelaciones de emergencia de la administración Trump contra órdenes de tribunales inferiores que han frenado a nivel nacional el impulso del presidente republicano para negar la ciudadanía a los niños nacidos de personas que están en Estados Unidos sin permiso legal.

La ciudadanía por nacimiento es uno de varios temas, muchos relacionados con la inmigración, que la administración ha pedido a la corte abordar de manera urgente, después de que los tribunales inferiores actuaron para frenar la agenda del presidente.

Los jueces también están considerando las peticiones de la administración para poner fin al permiso humanitario para más de 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y para retirar otras protecciones legales temporales de otros 350.000 venezolanos. La administración está enfrascada en batallas legales sobre sus esfuerzos para deportar rápidamente a personas acusadas de ser miembros de pandillas a una prisión en El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII llamada la Ley de Enemigos Extranjeros.

En los argumentos del jueves, la corte evaluará si tiene la autoridad para emitir interdictos nacionales o universales. La administración Trump, al igual que la administración Biden, se ha quejado de que los jueces están excediéndose al emitir órdenes que aplican a todos en lugar de solo a las partes ante la corte.

Sin embargo, al discutir los límites del poder de un juez, la corte casi con certeza tendrá que abordar el cambio a la ciudadanía que Trump quiere hacer, lo que alteraría la comprensión establecida de la ciudadanía por nacimiento que ha existido por más de 125 años.

¿Qué es la ciudadanía por nacimiento?

La primera oración de la 14ª Enmienda de la Constitución dice: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen".

La Cláusula de Ciudadanía, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil, se incluyó para asegurar que las personas anteriormente esclavizadas fueran ciudadanas. La norma anuló en su efecto la notoria decisión Dred Scott, cuando la Corte Suprema sostuvo que las personas negras, sin importar su estatus, no eran ciudadanas.

Desde al menos 1898 y el caso Wong Kim Ark en la Corte Suprema, la disposición ha sido ampliamente interpretada para hacer ciudadanos a todos los nacidos en suelo estadounidense, excepto a los hijos de diplomáticos, que tienen lealtad a otro gobierno; enemigos presentes en Estados Unidos durante una ocupación hostil; y, hasta que una ley federal cambió las cosas en 1924, tribus nativas soberanas.

Trump firmó la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento el primer día de su segundo mandato

La orden ejecutiva de Trump negaría la ciudadanía a los niños si ninguno de los padres es ciudadano o residente permanente legal. Esas categorías incluyen a personas que están en el país ilegal o temporalmente porque, según la administración, no están "sujetas a la jurisdicción" de Estados Unidos.

Casi de inmediato, estados, inmigrantes y grupos de derechos demandaron para bloquear la orden ejecutiva, acusando a la administración republicana de intentar desestabilizar la comprensión de la ciudadanía por nacimiento. Todos los tribunales que han considerado el tema han fallado a favor de los que han apelado.

La corte no tomará una decisión final sobre la ciudadanía por nacimiento

La administración está pidiendo que se restrinjan las órdenes judiciales, no que se anulen por completo, y dedica poco tiempo a defender la orden ejecutiva. El Departamento de Justicia argumenta que ha habido una "explosión" en el número de interdictos a nivel nacional emitidos desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Las órdenes judiciales de gran alcance violan la ley, así como las opiniones de larga data sobre la autoridad de un juez, escribió el procurador general D. John Sauer en nombre de la administración.

Por lo general, los tribunales solo tratan con las partes ante ellos. Incluso las acciones colectivas solo alcanzan a las personas que son parte de un grupo certificado por un juez, aunque estas pueden afectar a millones de personas, escribió Sauer.

Los interdictos nacionales, por el contrario, no tienen límites e incluso pueden incluir a partes que se oponen a lo que las órdenes judiciales están diseñadas para proteger, escribió Sauer. Como ejemplo, el procurador señaló a los estados liderados por republicanos que favorecen la posición de la administración pero están sujetos a los interdictos a nivel nacional.

Pero los jueces bien podrían preguntar sobre la orden ejecutiva de Trump e incluso quizás mostrar su inclinación.

Abogados de los estados y de los inmigrantes argumentan que este es un tema extraño para que la corte revise el límite de la autoridad de los jueces porque los tribunales han encontrado uniformemente que la orden de Trump probablemente viola la Constitución. Limitar el número de personas que están protegidas por los fallos crearía un confuso mosaico de reglas en el que nuevas restricciones sobre la ciudadanía podrían entrar en vigor temporalmente en 27 estados. Eso significa que un niño nacido en un estado que está impugnando la orden de Trump sería ciudadano, pero un niño nacido al mismo tiempo en otro lugar no lo sería, dijeron los abogados.

Los argumentos en apelaciones de emergencia son raros

La Corte Suprema casi siempre aborda el fondo subyacente de una disputa, no una apelación de emergencia de órdenes judiciales emitidas al inicio de un caso legal.

El principal argumento en contra de que la corte decida demasiado sobre la emergencia, o sombra, es que los jueces están interviniendo demasiado pronto en el proceso, a veces antes de que los tribunales inferiores tengan mucho que decir o los argumentos legales estén completamente desarrollados.

El año pasado, los jueces escucharon argumentos en apelaciones de emergencia, luego bloquearon el plan "buen vecino" de lucha contra la contaminación del aire de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que tenía como objetivo restringir las emisiones contaminantes de las plantas de energía y otras fuentes industriales causantes de esmog.

Dos años antes, la corte emitió una decisión dividida que permitió reglas que requerían vacunas contra el COVID-19 para trabajadores de la salud, pero no para empleados de grandes empresas.