Morena y Aliados aprueban Reforma Judicial en comisiones

Morena y sus aliados aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen de la reforma judicial.

Con 22 votos a favor y 17 en contra, los legisladores avalaron el dictamen que incluye 100 modificaciones propuestas por Morena y que plantea dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025, para renovar la totalidad de los Ministros, los cargos de jueces y magistrados que se encuentren vacantes y dos magistraturas pendientes del Tribunal Electoral.

Plantea, además, la creación de tres comités de evaluación en cada uno de los Poderes para determinar la idoneidad de los aspirantes y la tómbola para seleccionarlos cuando haya más candidatos de los requeridos, tal como lo propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 30 de julio pasado.

Según el dictamen, los jueces, magistrados y ministros en funciones podrán ser incluidos automáticamente en las boletas, a menos que decidan declinar o sean postulados para otro cargo o circuito judicial distinto.

Señala también que la presidencia de la Corte y del Tribunal Electoral ya no serán designadas por sus integrantes, sino que recaerá en quien obtenga la mayor cantidad de votos y prohíbe la creación y el funcionamiento de fideicomisos en el Poder Judicial.

A lo largo del debate, que se extendió por más de 7 horas, legisladores de oposición advirtieron que, de aprobarse, la reforma judicial es inoperante, contraria a los derechos humanos y perjudicial para los más pobres.

En su turno, Morena y sus aliados defendieron las modificaciones constitucionales, al afirmar que tienen como objetivo acabar con los "derroches" de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña y acabar con el nepotismo en el Poder Judicial.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, adelantó que el voto de su bancada es en contra, por considerar que la narrativa del dictamen no corresponde al resultado que tendrá la reforma, lo que propone no es democrático, justo y prudente y es un riesgo para el Estado Mexicano.

Agregó que la propuesta también es inoperante, lesiona el Pacto Federal y no representa mejorar la calidad de las resoluciones, además de que es un peligro para el régimen de la protección de los derechos humanos y permite la intromisión de los poderes fácticos.

Advirtió que cambiar el mecanismo de elección de juzgadores no garantiza que la justicia sea pronta y mejor, porque el verdadero problema en el País es que en México existen tres por cada 100 mil habitantes, mientras que en países como Grecia son 40 por cada 100 mil.

"Se acumulan los expedientes no porque tengamos jueces que no trabajan sino porque no tenemos suficientes jueces, los juzgadores están saturados a nivel local, en muchas entidades falta personal y los sueldos son muy bajos. Además, la reforma no contempla mejorar ni el Ministerio Público ni la defensa de personas, ni tampoco los peritos", advirtió.

Sobre la elección, dijo que es inexacto que los ciudadanos vayan a elegir a los juzgadores porque, en los hechos, van a tratar de seleccionar entre una inmensa lista de personas que seguramente no van a conocer, además de que no plantea exámenes de oposición, lo que deja fuera a los más aptos.

"No hay referencia en el mundo de un proceso con el que acá se señala, ni en Estados Unidos ni en Bolivia, son cosas muy diferentes, por eso se convierte en un riesgo para el País, la reforma, de concretarse, nos llevaría a una crisis institucional", señaló.

Como ejemplo, dijo que tan sólo en la Ciudad de México, la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025 implicará llenar 25 boletas con 4 mil 125 nombres de los cuales deberán inscribir a 640, mientras que en Nuevo León, en 2027, serían 21 boletas, entre la de Gobernador, diputados locales y alcaldes, para selección a más de 700 cargos de entre 4 mil 500 candidatos.

"¿Cuánto va a durar el proceso? Pero, además, lo estamos poniendo en la Constitución, cuando menos lo dejaran en la ley secundaria, encontraríamos una solución", dijo.

El panista Héctor Saúl Téllez lamentó que la mayoría continúe impulsando la reforma al Poder Judicial pese a los pronunciamientos en contra de la ONU, de académicos, expertos, juristas, del propio Poder Judicial e incluso de socios comerciales de México, como Estados Unidos.

Tras anunciar la presentación de un voto particular, acusó que la reforma responde únicamente al deseo y al capricho del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de su sucesora, Claudia Sheinbaum, aun a sabiendas de las "consecuencias catastróficas" que tendrá en la impartición de justicia.

Afirmó que las 100 modificaciones propuestas por Morena no sólo mantienen la propuesta presidencial, sino que la hace más nociva, tóxica y dañina, porque desde su punto de vista, acaba con la independencia judicial, al incorporar evaluaciones y supervisiones inquisitorias que pueden derivar en amonestaciones e incluso destitución de los jueces "que deberán ahora decidir sin libertad y sin autonomía".

"El Gobierno federal y su grupo de legisladores han dejado de escuchar no una voz sino a millones de voces de las asociaciones de abogados, de las universidades, de los servidores públicos del propio Poder Judicial, de los representantes de los principales organismos internacionales de protección de derechos humanos, como lo es la Relatora Especial de la ONU y, por último, la de nuestros principales socios comerciales.

"Todos ellos han coincidido en que esta reforma afecta seriamente la independencia judicial y que la mayoría de las reformas llegan a ser incompatibles con los derechos humanos", dijo.

La panista Margarita Zavala advirtió que la propuesta no reforma ningún poder, sino que sustituye a quienes forman parte del Poder Judicial, incluso sin visión de género, porque no considera la etapa en la que más mujeres se incorporaron a la Administración Pública.

Sostuvo que las modificaciones provocarán el despido masivo e injustificado de los trabajadores, además de que acaba con el principio de profesionalismo y con la carrera judicial.

Señaló que el Tribunal de Disciplina Judicial está pensado como una instancia inquisidora, porque podrá investigar y sancionar a juzgadores con discrecionalidad absoluta, lo que dejará a los trabajadores en total indefensión.

Zavala alertó que lo que más le preocupa, es que la reforma quita los efectos generales de las sentencias de amparo, lo que afectará a los pobres a quienes obligarán a pagar despachos para defenderse.

"Vaya despropósito, ahora resulta que estamos obligando a litigar contra leyes y contra sentencias o contratos de Gobierno a los más pobres de nuestro país y los estamos obligando a juntar dinero, a pagar a esos despachos que dicen despreciar, pero que bien que contratan y que los integran a sus Gobiernos.

"Y están fomentando ese enriquecimiento de litigio sin sentido, porque lo que hace una sentencia de amparo con efectos generales es, precisamente, proteger a los más pobres () ¿No que primero los pobres?, ¿por qué los obligan a defenderse?, ¿por qué no bastaría una sentencia de amparo para protegerlos y cuidarlos?", cuestionó.

En su turno, el morenista Rosendo Medina Filigrana advirtió que la reforma judicial no es consecuencia de Morena y sus aliados, sino de los "derroches y excesos de Norma Piña y de sus secuaces, como Juan Luis Alcántara y Carrancá".

"Ellos han privilegiado un régimen de nepotismo, excesos y lo voy a ilustrar con tres ejemplos: en el 2023, el Consejo de la Judicatura Federal, que lo preside Norma Piña, se gastó 16.5 millones de pesos solamente en pago de pensiones de estacionamientos para sus funcionarios privilegiados, se gastó 70.9 millones de pesos en servicios de jardinería y fumigación, se gastó 22.7 millones de pesos en gastos en lavandería limpieza e higiene de sus enseres.

"Esos son los derroches del Poder Judicial de la Federación el año pasado, y eso no se ve reflejado ni en los secretarios y secretarios de acuerdo, ni a ningún otro personal del Poder Judicial", dijo.

Se prevé que mañana, la Comisión dará trámite a las reservas que presentarán las diferentes fracciones parlamentarias.