Empresarios proponen en el Senado crear figura de "oficial de ética"

Foto: El Universal.

Desde que en 2017 entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas se han aplicado muy pocas sanciones, por lo que es indispensable una reforma para crear la figura de "oficial de ética y cumplimiento", que sea responsable de garantizar el cumplimiento del marco legal y de esa manera se pueda detectar a firmas ligadas al crimen organizado que son proveedoras del gobierno, advirtieron empresarios.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Fernando Sentíes, CEO y vocero de AMITAI, empresa especializada en soluciones tecnológicas para mejorar la ética organizacional, mencionó que uno de los problemas es que actualmente no se pueden fincar responsabilidades porque no existe un responsable de implementar los programas de ética y cumplimiento en las empresas.

"La práctica nos ha enseñado que desde que entró en vigor esa ley en julio del 2017, ha habido muy pocas sanciones. Nosotros tenemos un estimado de 6.9 por ciento y Transparencia Mexicana dijo que de los datos que reportaban las mismas fiscalías, aproximadamente sólo el 8.4 por ciento terminaban en sanción", señaló.

Indicó que Daniel Barreda, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, apoya incorporar la figura de oficial de ética y cumplimiento, por lo que junto con su equipo técnico y jurídico en el Senado elaboró una iniciativa que ya fue presenta ante el pleno y que será analizada en los próximos meses. "Es una analogía a lo que pide el artículo 20 de la ley federal antilavado, donde tiene que haber un encargado de cumplimiento, llamado ´oficial de ética y cumplimiento´", señaló.

Explicó que es importante reducir el número de actos de corrupción que se dan, porque eso en sí mismo trae un beneficio a la sociedad, pero también es fundamental que cuando se den estos casos, las fiscalías los puedan encontrar y sancionar.

"Cuando esto entre en vigor, si se aprueba como esperamos que se apruebe, va a permitir también que sólo empresas éticas puedan ser proveedoras del gobierno federal. Es decir, sólo aquellas empresas que demuestren que tienen estos programas de integridad que menciona el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas puedan ser proveedoras del gobierno. Y eso lo que hace es que reduce el gran número de empresas fantasma que existe, muchas de ellas ligadas con el crimen organizado, siendo proveedoras del gobierno.

"Entonces la idea de esto es obligar a las empresas a entregar cuentas claras para ayudar a que se reduzcan estos casos y estas empresas proveedoras del gobierno federal, sobre todo porque el principal comprador del país es el gobierno federal y usa fondos públicos, que corresponden a todos quienes pagamos impuestos. Entonces, pues es terrible que ese dinero vaya a dar a empresas fantasmas y más si están ligadas al narcotráfico".

Dijo que esta iniciativa llevó varios meses de trabajo, de muchas conversaciones con el senador de Movimiento Ciudadano y de escuchar propuestas de varias organizaciones para lograrlo.

"Esto va a ayudar a que las empresas tengan que rendir cuentas claras sobre quién es el responsable y por qué, si se dan actos de corrupción, por qué sucedieron, qué falló en el programa de integridad. Entonces, esto va a obligar a las empresas a tener que poner atención porque, como dije, va a haber un responsable. Pero también va a ayudar mucho a las fiscalías a poder fincar responsabilidades. Va a ayudar también a las fiscalías, cuando investiguen, a determinar esas causas y poder aplicar sanciones. Porque si lo dejamos como está, vamos a seguir obteniendo lo que estamos obteniendo, un porcentaje muy bajo de sanciones", advirtió.

Fernando Sentíes afirmó que siempre que hay un acto de corrupción de un funcionario público, normalmente hay una empresa involucrada o un empresario. "Difícilmente se puede hablar de un acto de soborno o cohecho, dependiendo si es funcionario público o particular. Pero siempre hay dos partes. Entonces, las empresas obviamente tratan de mantener esto siempre, digamos, que no salga la luz. La corrupción, por definición, de acuerdo a la OCDE, es el abuso de una posición asignada para obtener un beneficio propio. Y esos beneficios vienen normalmente de empresas o, peor aún, de crimen organizado", apuntó.