Campaña de difusión para la Elección Judicial en CDMX

El Gobierno capitalino se sumará a la difusión de la elección judicial, con una campaña para explicar a la ciudadanía cómo debe votar e informarse sobre las candidaturas.

Este anuncio fue realizado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, luego de que el Congreso local aprobó que los legisladores puedan impulsar los comicios, sin referirse específicamente a aspirantes.

"Primeramente, los organismos electorales tienen que hacer estos ejercicios y tienen que estar explicando a la población cómo se va a votar; segundo, como en algún momento lo informamos, justamente estamos terminando la propuesta de lo que el Gobierno de la Ciudad va a difundir, cómo lo va a difundir y de qué manera. En cuanto se tengan, que tiene que ser muy pronto, lo vamos a dar a conocer públicamente", aseguró.

Explicó que el Instituto Electoral local (IECM) contará con un presupuesto de 460 millones de pesos para la organización de la elección judicial, recurso considerado en las reservas presupuestarias aprobadas para este año.

"Les hubiera tocado una disminución de presupuesto y allí hubo justamente una previsión, porque estábamos en discusión todavía a nivel federal si se hacía o no la elección; entonces, se aprobó y ya quedó contemplado lo necesario que el Instituto Electoral pidió, incluso fue algo acordado con ellos", apuntó Brugada.

El Secretario de Gobierno, César Cravioto, detalló que en la Capital se contará con nueve boletas para elegir cargos para el Tribunal de Disciplina Judicial, 98 jueces y 34 magistrados locales.

"Hemos estado en varias reuniones con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y ellos quedaron en que si se necesitaban algo en particular del Gobierno de la Ciudad iban a tener todo el apoyo para promover esta elección; afortunadamente, con los cambios que hubo a la posibilidad de que pudiéramos difundirlo también desde el Gobierno, estamos utilizando esa posibilidad que hoy tenemos", señaló.

La atribución para promocionar la elección judicial se dio después de una impugnación interpuesta por la Administración local para revertir lineamientos del IECM con lo que impedía manifestaciones sobre la jornada por parte de funcionarios.