Afirman especialistas que falta estrategia contra extorsión

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gobierno federal ha dejado crecer el delito de extorsión por inexistencia de una estrategia clara para combatirlo, deficiencias de gestión e investigación, y falta de apoyo a las entidades federativas, señalaron especialistas en seguridad.

 Grupo REFORMA publicó este lunes que en los últimos cuatro años de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador este delito asociado al cobro de piso y pago de cuotas al crimen organizado alcanzó una tasa de víctimas de 7.67 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.

 La cifra representa un aumento del 50 por ciento, comparado con los últimos cuatro años de la gestión de Enrique Peña (2015-2018), que cerró con una tasa de 5.1, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, consideró que la atención de este fenómeno -que creció 50 por ciento desde el sexenio anterior- requiere estrategia, inteligencia policial, inversión profunda y colaboración interinstitucional.

 "Absolutamente se dejó crecer, en parte porque no tenemos estrategia; en parte porque al recortarle recursos a las autoridades locales pues las pones en dificultad ante sus (limitadas) capacidades institucionales", señaló Rivas.

 "Es un delito con muy poca visibilidad y denuncias. A nivel federal no aparecen carpetas de investigación por este fenómeno y los estados reportan un abandono del acompañamiento por parte de las fuerzas federales".

 En entrevista, el especialista advirtió que la extorsión es un fenómeno cuyo crecimiento es difícil de cuantificar, pues más del 90 por ciento de los casos queda en cifra negra; es decir, delitos no denunciados ante el Ministerio Público.

 "¿Dónde tenemos desde mi punto de vista los principales problemas? Pues en los estados más débiles, con las peores Procuradurías, y ahí yo te hablaría de Guerrero, de Colima, de Nayarit y de Veracruz", sostuvo.

 "Eso no quiere decir que en el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, no existe el problema, existe, pero son los casos más visibles, no necesariamente los únicos ni los peores, para mí probablemente el peor es Guerrero".

 Rivas alertó que, si bien la modalidad de extorsión más frecuente es la telefónica, la más agresiva y peligrosa es la presencial, conocida como derecho de piso y que se observa en entidades como Michoacán, Guerrero y Estado de México.

 "La extorsión en principio es un delito del fuero común, (pero) hay que recordar que en él participan organizaciones delictivas conectadas directamente o que incluso son de delincuencia organizada", añadió.

 "Si eres un productor te dicen qué sí y qué no, y qué tanto puedes producir, y si eres un distribuidor también; esto genera recursos enormes porque ya la delincuencia se ha hecho de marcas, productos y bienes. Este fenómeno distorsiona el mercado y genera un control del territorio".

 Carlos Mendoza, consultor en seguridad, sostuvo que este fenómeno es una muestra de cómo, durante la presente Administración, el Estado ha ido perdiendo el control de una parte del territorio.

 "Y por supuesto lo han ido ganando los grupos delictivos, la manera en que lo han ganado es a través de las extorsiones; antes las extorsiones se daban a empresarios, a personas adineradas y que tenían negocios ostensiblemente con utilidades", recordó.

 "Y lo que hemos visto ahora es que ahora estas extorsiones van a comerciantes menores, a minoristas y eso tiene un impacto directo porque ya no solamente tienen fiscalizados a estos objetivos importantes, sino van avanzando territorialmente incluso por cuadrantes".

 El también investigador y académico explicó que una primera contención a este ilícito eran las Policías locales, pero ante el debilitamiento de estas corporaciones los grupos delictivos han ido avanzando y "multiplicando" las extorsiones.

 "Esto lo que confirma es el planteamiento de darle mayores recursos y capacidad a una Guardia Nacional que solamente hace patrullajes aleatorios, que reacciona ante eventos muy violentos, pero que no está atendiendo los problemas cotidianos de las comunidades", mencionó.

 "Se presenta el fenómeno por las deficiencias en la gestión; en la narrativa, la atención y los recursos se le asignan al Gobierno federal para atender estos problemas, desconociendo o no visualizando que no pueden tener una presencia constante o permanente en las localidades. Entonces lo que ha ocurrido es que, ante el debilitamiento de esta planeación nacional, se están generando huecos en la cobertura policial".

 Mendoza estimó que, más allá de las cifras oficiales basadas en denuncias, los focos rojos están en Michoacán, donde las principales víctimas son los productores; la zona conurbada del Valle de México, así como Veracruz, Guerrero y Guanajuato donde ve una "convivencia cotidiana" con ese delito.

 "Debe de ser una cifra estratosférica (de extorsiones). Lo que se tiene que hacer de forma paralela a identificar estos grupos que generan mayor riesgo en las comunidades sería que el INEGI junto con el Gobierno federal pudieran incorporar un módulo particular para tener información precisa no sólo de las cifras, sino de las localidades. Hablamos de decenas de miles de extorsiones que ocurren anualmente en el País", añadió.