Suspensión de orden de aprehensión contra Silvano Aureoles

Foto: Agencia Reforma.

Una juez federal suspendió por tiempo indefinido la orden de aprehensión girada contra Silvano Aureoles por el caso de los contratos de construcción de 7 estaciones de Policía que habrían ocasionado un daño al erario de 3 mil 412 millones de pesos.

Jovita Vargas Alarcón, juez noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva al ex Gobernador de Michoacán contra su captura, pero le fijó el pago de una garantía de un millón de pesos para mantener vigente la protección judicial.

La impartidora de justicia emitió el fallo, a pesar del amago de la Fiscalía General de la República (FGR), que ayer anunció que la denunciaría penalmente por la escandalosa protección al ex Mandatario, a quien acusó por error de una actuación que en realidad llevó a cabo una juez distinta.

Autoridades judiciales confirmaron que el fallo de Vargas Alarcón implica que el michoacano no podrá ser detenido por la FGR con base en la orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Aureoles fue citado a comparecer el próximo 20 de agosto a la audiencia de imputación ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, motivo por el que desde ahora y hasta llegada esa fecha su libertad no estará en riesgo, en cuanto a esa imputación específica.

Pero en caso de que no se presente a esa diligencia, que será presidida por la juez de control Patricia Sánchez Nava, la suspensión quedaría sin efecto y la FGR ya no tendría ningún impedimento para ejecutarle el mandamiento de captura.

Esta suspensión definitiva no protege a Aureoles de una orden de aprehensión distinta.

Ayer por la tarde, cuando la juez Vargas Alarcón resolvió la suspensión definitiva, la FGR emitió un comunicado para anunciar que denunciaría a la impartidora de justicia porque protegía de manera escandalosa al ex Gobernador.

En el texto difundido, la Fiscalía acusó a Vargas de citar a Aureoles a comparecer el 9 de mayo en su juzgado y que, a pesar de que no presentarse, la juzgadora decidió no ratificar la vigencia de la orden de aprehensión.

La FGR dijo que la juez tuvo por comparecido a Aureoles a través de un escrito no ratificado y que, a pesar de ello, le fijó una nueva audiencia, evidentemente parcial y dilatoria, para dentro de tres meses.

Ese citatorio para agosto, dijo la Fiscalía, viola el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que la misma debe celebrarse en un lapso de 15 días posteriores.

No obstante, la FGR atribuyó equivocadamente estas actuaciones a Vargas Alarcón, porque en realidad quien fue la responsable de esos acuerdos y citatorios es la juez de control Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente y responsable de instruir el proceso penal.

Vargas no fue quien giró los citatorios para el 9 de mayo ni para agosto, sino la juez Sánchez Nava. La violación a un artículo procesal, citado por la FGR, es aplicable a esta última y no a quien tramitó el amparo, que está sujeta a la Ley en la materia.

La orden de aprehensión contra Aureoles fue librada el pasado 27 de febrero por Sánchez Nava y en ella le imputan participar de 2016 a 2017 en la presunta contratación ilegal del desarrollo, arrendamiento y adquisición de siete cuarteles de seguridad pública por un monto total de 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.

Las estaciones de la Policía se desarrollaron en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, y los contratos fueron adjudicados en forma directa a la empresa Inmobiliaria DyF.