Análisis de la reforma a la Ley de Competencia Económica

La Comisión Nacional Antimonopolio con la que la Presidenta Claudia Sheinbaum pretende sustituir a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) corre el riesgo de politizar sus decisiones al estar subordinada al Ejecutivo y tener un débil diseño institucional, advirtió el PAN en la Cámara de Diputados.

Tras analizar la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, enviada el 24 de abril al Congreso, la Vicecoordinación Económica albiazul en San Lázaro señaló que Sheinbaum no solo propondrá a los nuevos comisionados, sino que decidirá quién será el comisionado presidente.

"(Existe riesgo de) captura política de la Comisión, los comisionados podrían ser elegidos con criterios de lealtad al Ejecutivo en turno, no por idoneidad técnica o independencia", señaló en una nota técnica.

La actual Cofece, refiere el documento, está conformada por siete comisionados que duran en su encargo nueve años, su designación pasa por un Comité de Evaluación y un examen de conocimientos y, si bien son propuestos por el Ejecutivo, se requiere de mayoría calificada en el Senado para su ratificación.

Además de privilegiar los perfiles técnicos, señala, a los comisionados que están por salir se les blindaba para garantizar su independencia y autonomía al reservar como única causal para su destitución que incurrieran en faltas graves.

Con la iniciativa propuesta se reduce el número de comisionados de siete a cinco, se baja el tiempo de periodo en el cargo de nueve a siete años y se facilita su remoción, lo que los hace dependientes políticamente para conservar su puesto.

"La estructura de la nueva Comisión permite que los comisionados sean nombrados directamente por la Presidenta y ratificados con mayoría simple en el Senado, sin evaluaciones técnicas ni exámenes de conocimientos.

"Esta modificación abre la puerta a una captura política de la Comisión, degradando su independencia y comprometiendo su imparcialidad en decisiones estratégicas para los mercados", indicó el diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico de la bancada panista y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara.

Además, resaltó, la nueva comisión ya no será un órgano constitucional autónomo como lo era la Cofece, sino un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Economía.

La ficha técnica de la Vicecoordinación albiazul identifica otros 13 aspectos críticos de la iniciativa, además de la conformación de la nueva comisión, entre ellos, el incremento de 10 a 20 por ciento en la sanciones de los ingresos a los agentes que incurran en prácticas monopólicas absolutas, lo que podría derivar en la aplicación desproporcionada o selectiva de sanciones, así como uso político de multas para presión o represalia.

También, alerta sobre la ampliación de uno a tres años del periodo para impugnar concentraciones no notificadas y se reducen umbrales de aviso de fusiones, obligando a notificar más operaciones pequeñas, lo que podría ocasionar el incremento de cargas regulatorias, mayor burocracia y retrasos en las aprobaciones.

Otro aspecto controvertible es que se acelera el procedimiento para declarar poder sustancial, insumos esenciales o barreras a la competencia, al reducir plazos de 60 a 40 días, con lo que se limita la capacidad de defensa de los agentes económicos.

La ficha técnica indica que la iniciativa amplía la definición de prácticas absolutas para incluir intercambio de información entre competidores aun sin acuerdo explícito, esto genera ambigüedad jurídica sobre qué tipo de intercambio de información es lícito.

Sin no se hace una definición clara en la ley, advierte, se podrían sancionar colaboraciones legítimas entre empresas, conocidas como benchmarking, asociaciones industriales, joint venture, que buscan mejorar la eficiencia, compartir conocimientos o representar los intereses comunes de un sector.

"Esta reforma no representa un fortalecimiento del combate a los monopolios, sino un desmantelamiento de las garantías de autonomía, imparcialidad y certeza jurídica que México había construido durante décadas.

"Bajo el pretexto de 'recuperar la rectoría del Estado', el gobierno actual centraliza el poder sobre los mercados estratégicos, subordinando el interés público a consideraciones políticas coyunturales. El daño a la competencia, la inversión, la innovación y, en última instancia, al bienestar de los consumidores, puede ser profundo e irreversible si esta reforma se consuma", alertó Téllez.