Análisis Profundo de la Propuesta de Reforma Energética

México impulsa una iniciativa de reforma eléctrica que dará más poder a Pemex y la CFE, y de llevarse a cabo implicará menos transparencia y competencia, violará al T-MEC, restringirá la inversión privada y no solucionará el rezago energético, alerta en un análisis el Wilson Center.

El pasado 5 de febrero, refiere en un documento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso cambios significativos al sector energético a través de una reforma constitucional, aunque no se ha anunciado una fecha específica para su discusión en el Congreso.

Entre las inquietudes están el cambio de estatus legal y la estructura de Pemex y la CFE, que pasarán de ser empresas productivas del Estado a empresas públicas del Estado, lo que les daría mayor dominio en el sector energético, señala el análisis elaborado por María Calderón, asociada del programa Mexico Institute, y Emiliano Polo Anaya, especialista en derecho internacional.

"Al eliminar el concepto de empresas públicas estatales, que obliga a la CFE y a Pemex a priorizar la rentabilidad, los objetivos de la CFE se centrarían en 'preservar la seguridad y la autosuficiencia energética' y proporcionar electricidad al menor precio posible, sin ánimo de lucro.

"Este cambio implica que la CFE no tendría que demostrar viabilidad financiera y que las inversiones se guiarían por criterios de no rentabilidad", advierte el documento.

Su nuevo estatus, añade, eliminará el enfoque de generación de valor económico y sostenibilidad.

"¿Resolverá la reforma los problemas energéticos de México? No. Al crear empresas públicas estatales y eliminar los requisitos de buena gobernanza corporativa y viabilidad económica, éstas priorizarán la 'responsabilidad social', un término que no está definido legalmente, lo que deja espacio para la discreción política y la manipulación de los objetivos de las empresas estatales.

"La reforma probablemente generará monopolios estatales que responderán a los controles y regulaciones gubernamentales. Una menor orientación técnica y económica y una menor autonomía presupuestaria profundizarán la incertidumbre jurídica y establecerán un clima empresarial hostil, lo que perjudicará la competencia justa en el mercado y la inversión para un suministro de energía confiable y limpia".

Otro cambio es el límite a la inversión y participación privada, lo que viola los capítulos 22, de empresas de propiedad estatal y monopolios designados, y 14 del T-MEC, de inversión.

Ello sin contar que si se eliminan la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos habrá menor transparencia y competencia.

La reforma, añade el documento, promoverá un monopolio estatal capaz de manipular precios y tarifas, y reducirá la competitividad y la eficiencia.

Ven daño en minería

El Wilson Center señaló que el paquete de reformas que impulsa AMLO también afectará a la minería, pues entre los principales cambios que se promueven para el sector está la prohibición a cielo abierto.

"Con el marco regulatorio adecuado, la minería a cielo abierto puede adherirse a estándares y protecciones ambientales. En lugar de imponer una prohibición, promover la minería a cielo abierto responsable podría ayudar a aumentar la producción de minerales esenciales y críticos.

"Esta prohibición podría poner en peligro la soberanía minera de México, haciendo que las industrias nacionales dependan potencialmente de las importaciones", alertó.

Los cambios también se aplican para agregados como grava y arena, lo que puede afectar gravemente a la construcción.

Además se incluye la falta de otorgamiento de nuevas concesiones mineras, lo que detendrá la exploración.

"Como el 60 por ciento del valor minero de México depende de la minería a cielo abierto, la reforma crea incertidumbre económica y jurídica, ya que el Poder Ejecutivo otorgará concesiones a su discreción".

En el marco del T-MEC, el compromiso de México con la apertura de sus mercados puede afectar a las empresas estadounidenses y canadienses, con el riesgo de sufrir pérdidas financieras y demandas arbitrales.

Las empresas canadienses son los principales inversionistas del sector y representan el 70 por ciento de las extranjeras.