Alarga Senado plazo para reglas de transparencia

La Mesa Directiva del Senado acordó extender por 60 días el plazo para emitir los lineamientos de transparencia y protección de datos personales con los cuales operará su Contraloría Interna, en sustitución del INAI.

Conforme a la publicación este miércoles en el Diario Oficial de la Federación, la Cámara alta alargó la emisión de la reglamentación, que debía estar lista el próximo 20 de abril.

"El Manual de Organización de la Contraloría Interna deberá actualizarse y aprobarse a los 60 días de la entrada en vigor de la presente reforma al Estatuto", establece el segundo artículo transitorio del acuerdo que modifica el Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República.

El pasado 20 de marzo se publicó en el DOF la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se estableció un plazo de 30 días naturales para que las nuevas autoridades garantes, en este caso, la Contraloría del Senado, emitan sus lineamientos de operación.

El plazo establecido por la Mesa Directiva comenzará a contabilizarse una vez que el acuerdo sea publicado en la Gaceta del Senado, lo que no ha sucedido hasta el momento.

En acatamiento de la Ley General de Transparencia, la Cámara alta afirmó que la Contraloría Interna será la autoridad garante a cargo del acceso a la información publica y protección de datos personales.

Es decir, será la responsable de recibir y darle trámite a las inconformidades de ciudadanos ante posibles negativas de información o vulneración de datos personales.

También señala que está encargado de conocer de los procedimientos relativos a su protección, verificación e imposición de sanciones, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

El IFT sí cumple

Pese a que está condenado a desaparecer, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) facultó al Órgano Interno de Control para fungir como autoridad garante y emitió los lineamientos con los que le dará trámite a los recursos de inconformidad de los ciudadanos y las denuncias de protección de datos.

En un acuerdo publicado en el DOF, el Instituto señaló que el OIC será responsable de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Dentro de sus atribuciones, afirmó, está conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de las unidades administrativas del Instituto.

Además, podrá imponer las medidas de apremio y sanciones, según corresponda, ante incumplimientos a la Ley General de Transparencia.

También le corresponde sustanciar y resolver las denuncias de las personas que consideren que hubo una vulneración de sus datos personales de parte del instituto.

El pasado 20 de diciembre se publicaron en el DOF las reformas constitucionales en materia de simplificación administrativas y en ellas se estableció la desaparición del IFT una vez que el Congreso emita la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, situación que no ha ocurrido.