Amnistía en Perú: la impunidad como política de Estado
En un país marcado por las heridas de la violencia interna, una amnistía representa una afrenta directa a las víctimas, a sus familias y a la memoria nacional
El Congreso peruano ha cruzado una línea roja. Esta semana aprobó una amnistía destinada a favorecer a responsables de crímenes atroces cometidos durante las últimas décadas: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas. No es solo un acto éticamente repugnante. Es jurídicamente inválido, políticamente insostenible y moralmente infame. Representa la institucionalización de la impunidad como política de Estado.
Esta norma no busca "reconciliación", como cínicamente alegan sus promotores. Busca blindar a criminales. Es una expresión más del pacto corrupto entre el Congreso y el Ejecutivo, sellado para enterrar décadas de lucha por la justicia y consagrar el encubrimiento como norma.
Contra las víctimas, contra la historia
En un país marcado por las heridas de la violencia interna, esta amnistía representa una afrenta directa a las víctimas, a sus familias y a la memoria nacional. Es la negación de su dolor y el intento de borrar sus nombres de la historia.
El oficial Registro Único de Víctimas (RUV) documenta 8.661 desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno. Otras fuentes, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Equipo Peruano de Antropología Forense, elevan esa cifra a entre 13.000 y 16.000. Una parte importante de estos crímenes fueron cometidos por agentes del Estado. No contra combatientes armados, sino contra civiles indefensos.
Un caso emblemático: el del periodista del diario La República Jaime Ayala Sulca, desaparecido en 1984 luego de ingresar a la base de la Marina en Huanta, Ayacucho. Había ido a presentar una denuncia por abusos militares. Nunca volvió a salir. Su familia —como miles de otras— ha librado una batalla larga y digna por justicia. Esta amnistía pretende ahora borrar su historia. Pero no podrán hacerlo.
Reforzando privilegios
En marzo de 2025, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos reveló que solo el 2% de la ciudadanía respalda el trabajo del Congreso, la cifra más baja que se haya visto en el país. Lejos de tomar acciones para revertir ese rechazo, los parlamentarios prefirieron reforzar sus privilegios.
Y esta semana han aprobado las medidas que pueden, por un lado, evitar la cárcel a responsables de graves violaciones a los derechos humanos y establecer una suerte de absoluta "inmunidad" a los futuros legisladores.
Contra el derecho internacional, contra el Estado de derecho
Esta ley viola de manera flagrante las obligaciones internacionales asumidas por Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos vs Perú, sentenció con claridad: las amnistías que impiden investigar o sancionar violaciones graves a los derechos humanos son inadmisibles. Son, en sí mismas, una forma de impunidad.
El Congreso no solo desconoce esta jurisprudencia, sino que desafía abiertamente el sistema interamericano, al que el Perú se sometió soberanamente. Se coloca, así, al margen -y contra- del derecho internacional.
Tampoco la Constitución peruana ampara este atropello. El deber del Estado es garantizar derechos, no proteger a quienes los violaron. Esta ley desnaturaliza el orden constitucional, pervierte la función legislativa y convierte al Congreso en cómplice activo de criminales.
Un retroceso inédito en la región
Lo más alarmante es que este tipo de amnistía no tiene precedente reciente en América Latina. Mientras Argentina, Chile y Uruguay desmontaron —con justicia y coraje— sus leyes de impunidad, Perú se encamina hacia una regresión autoritaria que evoca los peores momentos del fujimorismo.
No es casual: varios impulsores de esta norma son parte del pacto corrupto, herederos de aquel régimen.
Esta ley no es un hecho aislado: es síntoma de una descomposición sistémica. El Congreso del Pacto actúa como maquinaria al servicio del encubrimiento, de la impunidad y del crimen organizado. La corrupción y la ineptitud marcan su agenda. Pese a su nulo apoyo ciudadano, legisla para desmantelar la justicia, proteger a criminales y obstaculizar procesos penales en curso. Trata a los verdugos como víctimas.
Proponer ahora que la justicia abdique, que no se investigue, que se conceda impunidad retroactiva, es una ofensa al país. Es complicidad con el crimen. ¡Una más!
La respuesta que vendrá
Esta ilegalidad tendrá consecuencias. Vendrá —como ya ha ocurrido en el pasado— una respuesta firme del sistema interamericano, de la comunidad internacional, de las organizaciones de derechos humanos y de la propia sociedad peruana. No estamos ante un debate "ideológico", entre "izquierda" y "derecha". Está en juego el derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición. Esta ley debe —y puede— ser combatida por todos los medios constitucionales e internacionales.
Porque lo que se juega no es solo el pasado. Es el presente moral y el futuro democrático de Perú. La historia no absolverá a quienes hoy pactan con la infamia. Pero sí recordará a quienes —en medio del oprobio— alzaron la voz para impedir que el crimen se disfrace de reconciliación y que el olvido se imponga como política de Estado.
