Bomba contra el oficialismo

El ministro en retiro, Arturo Zaldívar, acumula polémicas y su figura amenaza con indigestar al lopezobradorismo. El nuevo escándalo que envuelve al expresidente de la Corte, una macrocausa iniciada desde el Poder Judicial, implica no solo la que podría ser la mayor mancha de corrupción en la época moderna de esa rama del Estado, sino además un juicio de tipo político a Palacio Nacional, una turbulencia para la campaña oficial y la eventual ponderación de López Obrador en torno a si ese abogado suma o es un lastre.

Lo paradójico de la investigación pedida por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que explorará legalmente presuntas violaciones al marco normativo por parte de Zaldívar y algunos colaboradores, por un proceder revelado, en sustancia, por el propio presidente de la República el 21 de febrero de este año.

Ese día, Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que en varios momentos hablaba con el entonces presidente de la Suprema Corte, quien, "respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensado en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y decía ´cuidado con esto´ (...) él (Zaldívar) ayudaba".

Esas declaraciones de López Obrador, por cierto, se dieron luego de un fallo favorable a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, revés para el gobierno que generó ese día críticas del presidente al Poder Judicial. Y hoy, parte de lo que la Ministra Norma Piña pide investigar son supuestas presiones a jueces para, entre otros casos, lograr resoluciones a favor de Palacio en el juicio contra Lozoya.

Cuando el presidente dio esas declaraciones era cosa sabida el colaboracionismo de Zaldívar. Pero que el propio mandatario desnudara en la mañanera la obsecuencia de quien se supone tendría que haber actuado de forma autónoma, y estaba obligado, igualmente, a respetar la independencia de jueces y magistrados, fue motivo de enorme escándalo y nada menor sorna.

Es grave de suyo que ahora se anuncie, como se supo el viernes, que desde el Poder Judicial pedirán a la Judicatura indagar esas indebidas presiones, investigación que implica a un puñado de cercanos colaboradores de Zaldívar; sin embargo, la indagatoria también supone delitos mayores, corrupción y hasta violencia sexual.

Zaldívar, según la denuncia anónima (procedimiento nada inusual), sería la cabeza de un esquema para favorecer al gobierno, pero las herramientas para lograr fallos adictos a Palacio Nacional no habrían sido la persuasión o el alegato de fundamento legal de la petición misma.

Si la acusación se prueba verídica, el expresidente de la Corte fue el jefe de una camarilla que habría traficado favores, pasado por alto calificaciones o requisitos para premiar funcionarios, castigaría a quienes no cedían a la indebida presión e incluso habría habido de por medio sobornos.

Tal sería, según la acusación, el talante de quien presidió la Corte los primeros cuatro años del actual sexenio y quien, como es sabido, intentó beneficiarse de un cambio legal que le dejaría como cabeza judicial otros dos años, intentona que fue ruidosamente 

protestada.

Al igual que lo hiciera cuando el presidente le evidenció, apenas se supo de la existencia de esta investigación, Zaldívar salió a intentar una contraofensiva. Si en febrero dijo que actuó con altura de Estado y en respeto a las normas, ayer se presentó como víctima de una jugada electoral de la presidenta de una Corte que estaría condenada a desaparecer si Morena gana mayorías constitucionales en junio.

Cierto que a partir de este viernes habrá que distinguir dos pistas sobre las que correrán las consecuencias de la denuncia (que no es la única que se ha sometido a la Suprema Corte en contra de Zaldívar, por cierto).

La primera pista es sobre los hechos mismos que se imputan a Zaldívar y sus colaboradores. Si las acusaciones tienen fundamento, el sistema judicial mexicano se verá sacudido, como quizá nunca en la historia moderna, por las implicaciones de que se pruebe que decenas de impartidores de justicia, proactiva o pasivamente, se habrían prestado para ser parciales en una docena de juicios.

En términos generales, unos 70 miembros del Poder Judicial, entre magistrados y jueces, estarían implicados. Demasiada gente pasó tiempo en la cárcel, huyó al extranjero o pagó considerables sumas para zanjar acusaciones en la que su margen para defenderse con la ley en la mano era prácticamente nulo: los juzgadores estaban confabulados para actuar por consigna. La justicia en el país se probaría, en casos emblemáticos de este sexenio, como una gigantesca farsa.

De tal envergadura es la responsabilidad del Poder Judicial al emprender esta investigación: la Judicatura habrá de probar o desechar acusaciones contra colaboradores de Zaldívar, que de tener sustento hundirán en el fango la actuación de 2019 a 2023 del máximo tribunal del país y de no pocos tribunales.

El Poder Judicial no puede fallarle a la sociedad mexicana. Las pesquisas han de ser nítidas, implacables, exhaustivas y, por supuesto, justas. Sobra decir, que debe cumplirse la máxima de que la justicia ha de ser pronta, pues desde el viernes hay una enorme sombra que cubre la impartición de la justicia en México en los años recientes.

La otra pista es la política. La ministra Piña ha emprendido una batalla en un campo que no domina. La denuncia por ella impulsada es una acusación frontal en contra de mucho más que un puñado de exfuncionarios del Poder Judicial o de decenas de jueces y magistrados. Es un yo acuso a altas esferas del gobierno federal de haber emprendido y, en su caso, solapado, un esquema corrupto para medrar políticamente con la justicia. De nuevo, hay que decir que la existencia de ese mecanismo, incluidos los protagonistas del mismo, supone una revelación, ya habían sido tema de columnas y hasta de al menos un libro.

Sin embargo, el Poder Judicial llamará a cuentas a personajes que actualmente están en la campaña de Claudia Sheinbaum o en el gobierno de la República. Quizá hoy sea más explicable que nunca la prematura renuncia de Zaldívar a la Suprema Corte —que no será investigado por la Judicatura porque ésta no tiene competencia, y será la SCJN la que decida lo que procede con él—, y su entusiasta y vocal participación en la campaña de Sheinbaum.

El ministro se retiró un año antes de la Corte para refugiarse bajo el ala del oficialismo, desde donde lanza proclamas partidistas, prepara reformas judiciales y, por supuesto, al llamarse víctima rechaza su implicación en cualquier acto indebido o ilegal.

En la pista política, sin embargo, sobre Zaldívar también caerá el juicio de López Obrador. Si ya Sheinbaum se había deslindado de él en cuanto al monto de su pensión vitalicia como exministro (cuando una nueva ministra del oficialismo hace propaganda al regresar dinero de su sueldo), no se puede descartar el hecho de que si las pesquisas van arrojando pruebas de ilegalidades por parte del exministro o su entorno, el presidente de la República repiense la conveniencia de cargar a alguien que socavaría el discurso anticorrupción justo en el año del cierre sexenal.

Tan rápidamente como ascendió al primer círculo presidencial, Zaldívar podría ser expulsado de la gracia de Palacio. El ruido de las cosas al caer, diría Juan Gabriel Vásquez, apenas está por comenzar.

Cerremos con otra paradoja, donde de nueva cuenta se enreda lo político y lo judicial: al salir de prisión en 2022, Rosario Robles, quien estuvo injustamente presa —privada de su libertad, cuando pudo y debió ser juzgada sin pisar cárcel antes de sentencia condenatoria—, llegó a agradecer los esfuerzos de Zaldívar para liberar a mujeres injustamente tras las rejas, como la exsecretaria de Peña Nieto. A qué le sabrán a la experredista sus palabras hoy, cuando según la denuncia, el propio expresidente de la Corte fue quien presionó al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna para perjudicarla.